La familia de Diego Bello, muerto a disparos de la policía de Filipinas en enero de este año en una operación antidroga, ha mantenido un encuentro este jueves con la valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, para pedir que la institución interceda ante las administraciones autonómica y estatal y que éstas fuercen a las autoridades filipinas a esclarecer los hechos que rodean el fallecimiento del coruñés hace diez meses.

«Que el gobierno entienda que no nos vamos a cansar. Vamos a seguir tocando todas las puertas posibles», ha aseverado en declaraciones a los medios ante la puerta del Valedor do Pobo Rebeca Díaz, amiga de Diego Bello que este jueves ha ejercido como portavoz de la familia.

Díaz ha manifestado el descontento de familia y allegados con el trato recibido por parte de las autoridades españolas, a las que acusan de evadirse de sus responsabilidades diplomáticas ante la muerte en circunstancias controvertidas de uno de sus ciudadanos.

La familia se escuda en la falta de pruebas aportadas por el Gobierno filipino para acusar a Diego Bello de ser narcotraficante y en el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos en Filipinas que sostiene que los derechos humanos del coruñés fueron vulnerados.

«España tiene que tener claro que lo que le pasó a Diego le puede pasar a cualquiera y es una pena que si te asesinan fuera de tu país nadie vaya a hacer nada por tí», ha manifestado Rebeca Díaz, que ha incidido en la necesidad de que el Estado español actúe ante las conclusiones del informe de Derechos Humanos.

De este modo, los allegos del coruñés fallecido en enero aseguran que el Estado se limita a indicarles que la ley internacional no les permite investigar lo sucedido y a recomendarles que deben ser ellos quienes presenten una denuncia en la justicia filipina.

Una acción que la familia está dispuesta a adoptar, pero reclama el apoyo y asesoramiento del Gobierno español ante las posibles dificultades que pueda acarrear un proceso que, en este caso, implica a las autoridades del país.

«Si muchas veces aquí no sabes de quién te puedes fiar, imagínate allí», ha subrayado Rebeca Díaz, que se ha preguntado «qué abogado se atrevería» a presentar una denuncia en Filipinas contra el gobierno del país.

«Estamos hablando de que a Diego lo asesinó un funcionario del país. Se tendrán que arreglar entre países. Lo cómodo es lo que nos recomiendan (Estado), que busquemos abogado y presentemos allí una denuncia», ha incidido la portavoz de la familia, que ha recordado que el primer informe toxicológico que llegó descartaba que Diego Bello consumiese droga.

Así las cosas, ha demandado la implicación de las autoridades españolas para que fuercen a Filipinas a presentar «las pruebas» sobre las que se asienta la acusación contra Diego Bello por narcotráfico.

«Es lo primero que debería hacer el gobierno: ayudarnos a pedir que presenten estas pruebas», ha remarcado Rebeca Díaz antes de advertir que «aún en el caso» de que la acusación «fuese cierta», la muerte de Diego Bello «fue un asesinato por encargo a manos de la policía filipina».