La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, que en julio de 2013 supuso la muerte de 80 personas y dejó a otras 144 heridas en el barrio compostelano de Angrois, ha presentado recurso de reforma contra el auto con el que, por tercera vez, el juez cierra la investigación de la causa.

Además, ‘ad cautelam’, esto es, por precaución, y a la espera de lo que el titular del juzgado decida sobre este y otros recursos, la asociación, a través de su abogado Manuel Alonso Ferrezuelo, ha registrado también escrito de acusación.

En el primero de ambos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, Ferrezuelo vuelve a pedir que se mantenga la imputación por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave al que en su día era responsable de la seguridad en la circulación de Renfe y al gerente de esta área de Adif en el noroeste.

Por otra parte, censura la «inacabada investigación de los hechos ocurridos en las instalaciones de Talgo», después de que un extrabajador de esta compañía denunciase el supuesto borrado de datos sobre averías transcurrido poco tiempo del siniestro.

Al respecto, el letrado de la plataforma de afectados considera que «la investigación no ha sido completa y no ha quedado resuelta», y resalta que «las deficiencias que describió en su declaración ante el juzgado de instrucción» el denunciante «coinciden en su mayoría por las detectadas en el informe de Bureau Veritas que obra en el sumario.

Por eso considera «necesario la continuación de la investigación de estos hechos para delimitar las posibles responsabilidades y el alcance de las mismas».

A mayores, también insiste en la «lesión y/o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva» al rechazar el juez la declaración del exjefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Cristopher Carr.

ESCRITO DE ACUSACIÓN

Ad cautelam, es decir, por precaución, la plataforma solicita la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo penal contra el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif, los dos imputados que mantiene el instructor al cierre de la investigación.

En el escrito, señala que procede imponer a ambos las penas de cuatro años de prisión, al margen de las correspondientes inhabilitaciones.

En el apartado de responsabilidad civil de los acusados, establece que la responsabilidad del autor ha de ser solidaria con la de la aseguradora QBE, Allianz y Chubb.

En cuanto a la responsabilidad de Renfe y Adif, destaca que «esta ha de ser subsidiaria», al ser el autor de los hechos empleado de dicha entidad, y al ser los vehículos con los que se produjo el siniestro de su propiedad, respectivamente.