Los autores del libro ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio’, Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, han confirmado la existencia de un proceso «coercitivo» para la adquisición del inmueble, con listas negras para los «malos patriotas», así como documentación que acreditaría, según han expuesto, que se entregó a Franco en su condición de «jefe del Estado».

De la gestión y los gastos, han añadido que se encargaba «Casa Civil» –organismo bajo la dependencia de Franco– con un funcionamiento «similar» al del Palacio del Pardo y con el mantenimiento a cargo de instituciones públicas, entre ellas ayuntamientos y la Comandancia de Obras.

«El Ayuntamiento de A Coruña va a ser una empresa de servicios de todas las necesidades que se den», ha resumido Carlos Babío en una declaración como testigos-peritos. A preguntas de la abogada del Estado, ambos se han remitido a la documentación de ayuntamientos, pero también de otros organismos, entre ellos el elaborado por un teniente coronel, que cifra en «millón y pico de pesetas lo recaudado» a través de la suscripción promovida.

«Lo adquiere, amplía y mejora», ha añadido Babío sobre la Junta pro Pazo tras una escritura, de 1938, en la que se centra la demanda del Estado y por la que este organismo compra el inmueble a los herederos de Emilia Pardo Bázan. Según la tesis de la demandante y de las demás administraciones intervinientes –Xunta, Diputación coruñesa y ayuntamientos de Sada y A Coruña– esto demostraría que su transmisión a la familia Franco en 1941 se hizo mediante una «venta simulada».

«Cuando asume el donativo, pronuncia un discurso y promete infraestructuras para la provincia de A Coruña y para Galicia», han apostillado sobre Franco y el uso del pazo como «residencia veraniega» del jefe del Estado. Además, Lorenzo ha rechazado que éste hubiese abonado o reembolsado gastos, de forma particular, durante su uso.

(Habrá ampliación)