Las condiciones planteadas por el Ayuntamiento de Santiago para el espectáculo de los Fuegos del Apóstol han sembrado la polémica entre el sector, que ha denunciado las «irregularidades» de la propuesta planteada por el Gobierno local en las bases de contratación y su falta de encaje en la legalidad vigente.

Según han trasladado fuentes de estas empresas a Europa Press, una representación de la Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas se reunió con el Ejecutivo local hace unas semanas para trasladar una propuesta de cara al 24 de julio.

La idea planteada al Ayuntamiento consistía en varios disparos desde seis o siete puntos y de una duración máxima de 15 minutos. El 8 de junio se publicó en la plataforma de contratación municipal el pliego y condiciones de licitación para el espectáculo pirotécnico de la festividad del Apóstol, aunque en términos diferentes a los propuestos inicialmente.

Las bases publicadas establecían un mínimo de ocho disparos y una duración mínima de 20 minutos, con un presupuesto total de 110.000 euros.

La situación suscitó el cabreo de estas empresas, que presentaron un documento conjunto por registro municipal dos días después de conocerse las condiciones para instar al Ayuntamiento de Santiago a anular la convocatoria y rectificar las condiciones.

El texto está suscrito tanto por la Asociación Española de la Pirotecnia como por la Asociación Galega de Industrias Pirotécnicos, que manifestaron su «rotunda oposición» a la tramitación de un expediente «que impone condiciones que atentan contra la dignidad profesional del sector» y «de imposible cumplimiento para la realización de un espectáculo acorde a la festividad para la que se pretende contratar».

«PROFUNDO DESCONOCIMIENTO»

Según han explicado a Europa Press, el gobierno local parte de «una idea errónea», al estipular el tiempo total partiendo del espectáculo de otros años pero sin tener en cuenta que la parte pirotécnica representaba unos 10 minutos del total de la puesta en escena (desde un solo punto), y que el resto estaba compuesto por elementos audiovisuales y de sonido.

En esta ocasión y con un presupuesto similar, se pretende impulsar un espectáculo que dura «el doble» y desde ocho puntos diferentes, critican, además de cargar sobre la empresa el coste de la vigilancia o el plan de emergencia que, según indican las asociaciones, le corresponde «por ley» al Ayuntamiento.

Como referencia, mencionan las bases de otros espectáculos pirotécnicos, como San Sebastián o Pamplona, en los que se contrata un máximo de 15 minutos por 18.000 euros el disparo, mientras que en la convocatoria de Compostela se quedarían unos 56.000 para todos los lanzamientos de los 110.000 totales.

El sector denunció que las bases contemplan un tipo de contrato como «servicio» y no como «espectáculo» y criticó que los criterios de adjudicación detallados en el pliego administrativo otorgan una puntuación del 32,50 por ciento a la calidad artística, mientras que el porcentaje restante se corresponden al peso o la propuesta económica, entre otros.

Las asociaciones aseguraron, además, que las bases de contratación no solo ponen de manifiesto «el profundo desconocimiento de esa institución sobre la realidad, tanto legal como económica, de la actividad pirotécnica, sino que reflejan «condiciones para la contratación que determinarían la ilegalidad del espectáculo».

Es por ello que las entidades solicitaron» la anulación y modificación» de las bases publicadas y su adaptación, y advirtieron de que la propuesta es «legal y económicamente imposible realizar» en los términos pretendidos.

«Esta asociación adoptará las medidas legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, para el caso de que el espectáculo anunciado llegue a celebrarse conforme a las bases publicadas, denunciando todas las irregularidades detectadas ante las autoridades competentes».

CONTRA LA «DIGNIDAD» PROFESIONAL

El proceso no solo no se ha rectificado, sino que una vez finalizado el plazo establecido desde la publicación de las bases únicamente se han presentado dos empresas (una de Castilla y León y otra de Aragón que están al margen de estas asociaciones), puesto que las compañías gallegas se negaron a participar en la iniciativa al atentar contra su «dignidad» profesional.

Ahora, el sector acusa al Ayuntamiento de apropiarse de su iniciativa, que partía de forma colectiva desde las empresas gallegas, y alterarla en términos irrealizables, con un presupuesto insuficiente y algunas condiciones que se sitúan al margen de la normativa.

Por todo ello, han advertido de que estarán «vigilantes» respecto al cumplimiento «estricto» de la normativa «a todos los efectos» y han defendido la «ética» de la profesión que representan, además de censurar la práctica «cada vez más habitual» de sacar licitaciones a la baja por parte de las administraciones.