El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes la «meticulosidad y la profesionalidad» de los altos cargos contra los que familiares de usuarios del centro DomusVi de Cangas (Pontevedra) presentaron una querella por la gestión de la pandemia del coronavirus.
En concreto, la denuncia penal fue registrada este jueves ante los juzgados de Cangas por dos familias que acusan a la CEO de DomusVi en España, Josefina Fernández; a la directora de la residencia, Laura Cancelo; a la jefa de Inspección de residencias de la Xunta, Berta Besada; y al director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa, de supuestos delitos de homicidio, lesiones, abandono de incapaces y omisión del deber de socorro.
Y es que en dicho centro contrajeron la COVID-19 más de una centena de usuarios, lo que motivó que fuese intervenido por la Consellería de Política Social, y en torno a una veintena fallecieron en su interior. No obstante, según informan fuentes judiciales a Europa Press, todavía no hay ninguna decisión por parte del juzgado sobre la admisión a trámite de esta querella.
Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, Feijóo ha respondido que «desconoce» que se haya presentado esta denuncia, pero sí ha elogiado la «meticulosidad y la profesionalidad de los empleados públicos» aludidos.
«Me sorprende que se pueda presentar una querella contra profesionales que estuvieron trabajando durante la pandemia, por cierto, con resultados globales francamente buenos», ha añadido. Para apoyar esta postura, se ha remitido a «cualquier comparación que se pueda hacer» con respecto a las áreas de mayores «de cualquier lugar de España».
Asimismo, el presidente de la Xunta ha dicho «lamentar que se produzcan este tipo de actuaciones», en caso de que estas denuncias «se presenten».
PABLO IGLESIAS «SE DESENTENDIÓ»
Por otra parte, Feijóo ha calificado de «especialmente incomprensible» que el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno central, Pablo Iglesias, «se desentendiese» de la gestión de los geriátricos a pesar de la activación del estado de alarma «y con un mando único» vigente.
«En plena pandemia, con un estado de alarma y con un mando único, no se recibió ninguna instrucción sobre las residencias», ha asegurado, en la línea de la postura defendida por el Partido Popular.
Además, ha tachado de «incomprensible» que en España «no se sepa» el número total de fallecidos dentro de los centros de la tercera edad como consecuencia de la pandemia «a pesar de que todas las comunidades» notifican estos decesos.
En Galicia, de las 619 víctimas diagnosticadas con COVID-19, 132 fallecieron en el interior de las residencias de la tercera edad. A estas hay que sumar otras 142 personas que, a pesar de haber muerto en hospitales y residencias integradas, eran usuarias de centros geriátricos.