La paralización de la actividad presencial por la irrupción de la COVID-19 se llevó consigo todas las iniciativas que cada año se realizan en los centros educativos, entre ellas los proyectos de fomento de uso del gallego.

Estas actividades se realizan al amparo de una convocatoria de ayudas de la Secretaría Xeral de Política Lingüística para centros públicos y privados. La orden se publicó en enero de este año y cerró en marzo el plazo de presentación de solicitudes, precisamente el mes el que se instauraron las restricciones por la alerta sanitaria.

El Gobierno gallego optó finalmente por liquidar la convocatoria de proyectos para este año argumentando que la mayoría de las acciones previstas no se han podido desarrollar pudieron desarrollar, bien por necesitar la presencia del alumnado o depender de un calendario imposible de materializar en estas circunstancias.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, al no poderse llevar a cabo, los centros tampoco tendrían capacidad de realizar la justificación requerida en la convocatoria por la recepción de las cuantías. Esta circunstancia extraordinaria llevó a la Xunta a dejar sin efecto el proceso.

En todo caso, el Gobierno gallego asumirá los gastos de los centros vinculados al programa que se hayan ejecutado hasta el momento, tanto en el periodo presencial como durante la formación a distancia, y que estén debidamente justificados con facturas.

Política Lingüística tendrá en cuenta los proyectos presentados en la próxima convocatoria, para el curso 2020-2021, con las adaptaciones o modificaciones necesarias y que se presentarían a través de una addenda.

LA CIG PIDE EXPLICACIONES

Parte de la comunidad educativa, sin embargo, ha trasladado su preocupación por esta decisión.

La CIG-Ensino ha tenido constancia de ello a través de mails remitidos a los centros, en los que se informaba de que la liquidación de la convocatoria se publicaría en el DOG del 11 de junio (este jueves).

En este sentido, ha considerado que la justificación de las facturas podría implicar un «problema de gestión para los centros», y ha pedido que se aclare si habrá «limitaciones presupuestarias» para afrontar los posibles pagos.