El Juzgado de lo Social número 1 de Lugo ha condenado a la Fundación Rof Codina a abonar 14.316,32 euros a una veterinaria por las diferencias salariales generadas durante un año de trabajo en el Hospital Veterinario Universitario, al considerar acreditada la existencia de una relación laboral encubierta bajo una beca formativa.

La resolución estima íntegramente la demanda presentada por la trabajadora, por las diferencias entre el salario percibido y el que correspondía según convenio entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Durante ese período, la demandante percibió una retribución mensual de 500 euros como becaria, pese a desempeñar funciones propias de una veterinaria generalista.

El juzgado parte de una sentencia firme anterior que ya había declarado que los becarios del centro eran trabajadores contratados en fraude de ley, por lo que este nuevo procedimiento se centraba en determinar la categoría profesional aplicable.

La controversia giró en torno a la definición de dicha categoría. El sindicato CSIF, representante de la demandante, sostuvo que la trabajadora actuaba como Personal Veterinario Generalista, mientras que la fundación defendió que su puesto debía corresponder a un perfil de auxiliar clínico o, de manera alternativa, a una categoría de veterinaria supervisada.

La jueza dio por acreditado, mediante las pruebas documentales y testificales, que la demandante realizaba funciones con plena capacidad profesional y sin supervisión constante.

Entre los elementos considerados figuran la declaración de un testigo que confirmó su autonomía en la práctica clínica y el informe de la Inspección de Trabajo, que recogía testimonios de otros trabajadores en la misma situación.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El sindicato CSIF, en un comunicado, ha valorado esta resolución como una «victoria determinante en la defensa de los derechos laborales y contra el abuso recurrente de la figura del becario».