Trabajadores de los centros residenciales dependientes de Política Social han protagonizado este jueves distintas concentraciones para exigir la convocatoria de una mesa de negociación que les permita recuperar los derechos «robados» en 2012.

Así lo ha explicado Lino Díaz, de UGT, que ha exigido a la consellería «la apertura de una mesa de negociación» que permita «la reversión de los derechos robados en 2012», cuando la anterior crisis suspendió parte de las condiciones laborales de este colectivo.

Esta suspensión, que iba a ser de carácter «temporal», se prolonga ya por ocho años, recuerdan los trabajadores, a pesar de que los «índices macroeconómicos» que se habían fijado para su reversión «se han superado» ya.

En esta línea, el representante de CC.OO., Javier Lareu, ha explicado que, en virtud de esta suspensión, el colectivo «sigue sin compensaciones por trabajo en domingos y festivos», sin «reducción de jornada máxima anual» o con contratos «en precario», como los que se activan solo para fin de semana.

Frente a eso, ha reivindicado que se retomen estas condiciones laborales para «dignificar el trabajo» y «dar un servicio social de calidad a los usuarios». Del mismo modo, ha reclamado que se acabe con «la mercantilización del derecho a la asistencia de los mayores», promoviendo plazas de gestión pública directa que, ha recordado, fueron las que abordaron mejor la pandemia de la COVID-19.

Javier Lareu ha recordado que la «gota que colmó el vaso» de estas reivindicaciones fue la «instrucción» que «limitaba el derecho al disfrute de las vacaciones del personal de política social», que ya ha sido «retirada».

PROTESTAS

En la mañana de este jueves, los trabajadores de los centros de política social estaban convocados por los sindicatos para protestar por estas condiciones laborales, con concentraciones ante las puertas de sus centros de trabajo, como la que ha tenido lugar ante la residencia de Volta do Castro, en Santiago.

En ella, Zeltia Burgos, de la CIG, ha reclamado la recuperación de los derechos de este colectivo, que no han visto revertida la situación «a pesar del gran esfuerzo que hicieron durante esta crisis sanitaria».

En el mismo sentido, José Brunete, de CSIF, ha puesto en valor el esfuerzo de este colectivo de más de 3.000 trabajadores en Galicia que, «durante más de 60 días han estado trabajando con jornadas maratonianas, doblando turnos», para «cuidar a las personas más vulnerables».

«El Gobierno de Galicia los ha enviado a la primera línea de la pandemia sin apenas equipos de protección», ha dicho el sindicalista, «poniendo en riesgo directo su salud y las de sus familias».

Por ello, Brunete ha considerado una «incongruencia» que «el presidente de la Xunta públicamente reconozca la labor de estos trabajadores y, a la par, los mantenga en unas condiciones penosas y precarias», ha criticado. «No estamos hablando de conquistar nuevos derechos, si no de recuperar derechos que ya teníamos en 2012», ha zanjado.