Colectivos de usuarios, familiares y el Colegio de Educadores Sociales han instado a la Xunta a rectificar y que proceda a la reapertura de los centros de día y de terapia ocupacional antes de septiembre, mes en el que se prevé reiniciar unos servicios suspendidos desde mediados del mes de marzo por la pandemia de coronavirus.

En sendos comunicados enviados a los medios este miércoles, la Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace), la Federación Gallega de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y/o Patologías Afines (Aspace) y el Colegio de Educadores Sociales de Galicia solicitan a la Consellería de Política Social que reconsidere la decisión de que estos centros, del mismo modo que las guarderías, permanezcan cerrados hasta septiembre.

Estos colectivos advierten que, desde el cierre de los centros de día y de terapia ocupacional a mediados de marzo tras la declaración del estado de alarma para combatir la pandemia de Covid-19, las familias han asumido la sobrecarga de los cuidados, lo que «a día de hoy está pasando factura en el ámbito emocional y físico».

«El hecho de que este cierre se prolongue hasta septiembre agudizará más esta situación», alertan las entidades que componen Aspace, que recuerdan que estos centros «no sólo prestan cuidados» sino que también favorecen el mantenimiento y la dimensión social de las personas con parálisis cerebral a través de sus servicios de fisioterapia, logopedia, psicología, ocio, formación o terapia ocupacional.

En este sentido, consideran que la prolongación del cierre de estos centros de terapia ocupacional puede provocar «el aislamiento social» de las personas con parálisis y una merma en su calidad de vida al interrumpirse servicios «vitales» para evitar su deterioro físico, psíquico o cognitivo.

CENTROS DE MAYORES

Por su parte, el Colegio de Educadores Sociales creen que «con el fin» de garantizar la salud de usuarios se adopta una decisión que va «en la dirección contraria» pues un centro de día «no se limita a ser una ayuda a la conciliación familiar, sino que parte de entender al usuario como persona de pleno derecho».

«Todavía alegando a la seguridad ciudadana como máxima motivación para tomar una decisión de este tipo, consideramos que es una medida que agrava la situación vital de cientos de personas mayores que sufren demencias y otras enfermedades degenerativas y que son usuarias de este tipo de servcios», incide el Colegio, que ha trasladado su postura a la Consellería de Política Social que dirige Fabiola García, a la que invita a cambiar su decisión.