El conselleiro de Emprego, José Gónzález, sostiene que no va a «aceptar que se utilice» la sanción a la bodega de su familia por tener a temporeros irregulares para «fabricar una responsabilidad política que los hechos no acreditan».

En el pleno del Parlamento, el diputado del BNG Iago Tabarés ha exigido al conselleiro que dimita o sea «cesado inmediatamente» por un caso que «no es compatible» con ser el «máximo responsable» de velar por la salud de los trabajadores. En esta línea, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) «cómo puede seguir siendo conselleiro encargado de defender lo contrario» a la salud laboral y de los migrantes.

En respuesta a sendas preguntas que se han sustanciado de forma conjunta al final del pleno esta tarde de miércoles, el conselleiro ha dicho que cree necesario «poner las cosas en su sitio», pues considera que hay una «evidente intención por parte de la oposición de instrumentalizar políticamente estos hechos».

«No tengo participación en la propiedad ni en la gestión» de la empresa sancionada, dice sobre la bodega de su familia, Casal de Armán. Expone que la sociedad ya dio explicaciones con «transparencia» y «acató y pagó» una «sanción administrativa en grado mínimo» tras constatarse que tres personas que trabajaron como temporeros en la vendimia de 2025 «no se correspondían con las dadas de alta». Además, sostiene que la empresa trabaja en «mejorar procesos internos».

«Tras el político hay una persona y toda una familia», ha proseguido con sus explicaciones acerca de informaciones que «poco tienen que ver» con los hechos.

Y dice que defender la «honorabilidad» de su familia no supone dejar de «asumir responsabilidad a quien la tenga», pero «no atribuir responsabilidades a quien no las tenga».

Por ello, defiende que las responsabilidades políticas y empresariales «no se heredan», además de que «las sanciones administrativas no se convierten en condenas políticas por decisión de uno o varios grupos políticos».

Sobre su participación en la sociedad Mirador de Banga, José González recuerda que ya la hizo pública en diversas declaraciones de bienes y «no es incompatible» con su cargo. Indica que no tiene ingresos de actividad ordinaria desde 2016. «No hay nada oculto, nada sin declarar y nada que no pueda comprobar quien quiera».

Por todo ello, acusa a la oposición de buscar «lío político». «La respuesta no puede ser hacer política de trazo grueso a partir de un caso concreto», sostiene.

En cambio, Iago Tabarés ha reprobado al conselleiro debido a que «usted y alguien de su entorno se estaban beneficiando del trabajo de personas vulnerables». También advierte que tiene «intereses» en un holding familiar en el que se emplean a personas extranjeras «sin contrato y en situación administrativa irregular».

Tanto el diputado nacionalista como Rodríguez Dacosta han echado en cara a González una ampliación ilegal de la bodega y cuestionan si va a haber orden de demolición.

Asimismo, la diputada del PSdeG ha espetado al conselleiro que tras este caso «no puede reclamar» el traspaso de los permisos de trabajo para los extranjeros.