El PPdeG presentará una moción en los ayuntamientos gallegos para que se permita incrementar el número de mesas en terrazas de los establecimientos de hostelería y pedirá la supresión de la tasa de ocupación de estos espacios durante el año 2020.

Así lo ha destacado la formación en un comunicado remitido a los medios, en el que señala que la declaración del estado de alarma no solo impuso restricciones a la movilidad de las personas, sino también la suspensión o la limitación de un número importante de actividades sociales y económicas ante el riesgo para la salud pública que supone el COVID-19.

Los populares han trasladado su «apoyo incondicional» a uno de los sectores más castigados por esta pandemia como es el de la hostelería, «desempeñado por un amplio número de autónomos o pequeñas empresas que generan muchos empleos en los ayuntamientos».

El PPdeG, que subraya que la prioridad es «garantizar la salud de los ciudadanos», ha indicado que estos establecimientos se están viendo privados de gran parte de su facturación anual por el cierre obligado durante estos meses. Además, ha señalado que la gran mayoría debe afrontar gastos operativos fijos, como los financieros, el alquiler o los tributarios, que comprometen seriamente su viabilidad económica.

Los populares recuerdan que en Galicia, con la activación de la fase 1 de la desescalada, podrán abrir al público las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitandose al 50% de las mesas permitidas en el año 2019 en base a la correspondiente licencia municipal.

Además, indica que este precepto habilita a los ayuntamientos a permitir el incremento del número de mesas que le correspondería a ese establecimiento aumentando la superficie destinada a la terraza y, con ello, facilitando que se respeten las necesarias distancias de seguridad entre las sillas de las mesas.

A mayores de estas cuestiones, el PP pide agilidad y diligencia en la resolución de estos permisos, informando a los titulares de los establecimientos de esta posibilidad normativa y de la disponibilidad de la administración local para su implementación.