Los grupos de la oposición han pedido al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que ejecute el fallo judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ratifica la anulación de un concurso interno de personal de 2016 que contemplaba la ocupación de 69 puestos de trabajo.

En concreto, el fallo conocido el jueves agota la vía de los recursos, ya que en abril del pasado año el Tribunal Supremo decretó la inadmisión de otro presentado por la Diputación contra otra sentencia del TSXG que también ratificaba lo dictado en primera instancia por un juzgado de Ourense al considerar que el concurso vulneraba los principios de igualdad y no discriminación.

Tras conocer este fallo, los distintos grupos de la oposición ha coincidido al exigir que el presidente de la Diputación proceda su ejecución. Con todo, los socialistas van más allá y vuelven a pedir la dimisión de Baltar ante lo que consideran una «evidente trama de enchufes masivos del Baltarismo» llena de «hechos graves que transgreden principios constitucionales de igualdad y mérito».

«Manuel Baltar heredó la Diputación de su padre y también las prácticas ilegales para aprovecharse de la institución», ha manifestado el portavoz del PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, quien ha emplazado al presidente de la diputación a asumir de su «bolsillo» los costes de la contienda judicial para «colocar a dedo a sus amigos».

Además, en una rueda de prensa celebrada este viernes, se ha referido a este asunto el jefe de filas del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a «ser contundente» ante lo que considera «un proceso de corrupción constatado» por parte de Baltar, al que ve responsable de una «estructura caciquil» en el PP de Ourense.

«Ese caciquismo hay que limpiarlo», ha reclamado Gonzalo Caballero, que ha sostenido que el PP de Feijóo solo gobierna en una diputación en la que el «baltarismo utilizó unos contratos irregulares para mantenerse en el PP». «Se trata de una corrupción de forma institucionalizada y Feijóo debería desmarcarse», ha manifestado el socialista, que también considera que el líder del PPdeG «sin los votos del caciquismo» de Baltar no tendría ninguna posibilidad de estar en el gobierno».

POSTURA DEL BNG

Por su parte, el portavoz de los nacionalistas, Bernardo Varela, ha enmarcado este sentencia en el «oscurantismo» que, a su juicio, caracteriza la gestión de Manuel Baltar en la Diputación de Ourense, tanto en la política de personal como en el «reparto de fondos».

«Esperamos que con estos varapalos judiciales se reformule ya no solo la política laboral, sino también el reparto de los fondos a los ayuntamientos para que empiece a hacerse con criterios objetivos», ha manifestado.

El nacionalista también ha reclamado que la Diputación de Ourense ejecute ya el mandato judicial al considerar que está «jugando con el dinero público» al recurrirla «una y otra vez». «Lo lógico sería que ya en primera instancia se reconociese lo que se hizo mal y no se volviese a hacer», ha apuntado.

Además, ha considerado necesario analizar cuáles son las «necesidades reales» de personal en la Diputación de Ourense para terminar con una estructura sobredimensionada que atribuye a gestión durante décadas de la institución provincial por parte de la familia Baltar.

CIUDADANOS

En esta línea, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Montse Lama, ha mostrado su «máximo respeto» a las decisiones judiciales y ha asegurado que las instituciones deben acatarlas «sean favorables o no».

Así, aunque ha reconocido que la Diputación «estaba en su pleno derecho de intentar defenderse», ha señalado que la justicia «le ha dicho que no» y que «es necesario» que «acate la sentencia» y anule el concurso. «Vuelven a tener otra sentencia desfavorable y creo que ya no hay mucho más recorrido», ha indicado la portavoz de Ciudadanos.

Por su parte, el portavoz de Democracia Ourensana (formación que gobierna con el PP en el Ayuntamiento y la Diputación), Miguel Caride, ha considerado que las sentencias están «para acatarlas» si bien ha asegurado desconocer por el momento el detalle para pronunciarse.

LA DIPUTACIÓN DEFIENDE EL CONCURSO

Por su parte, la Diputación de Ourense ha asegurado que los servicios jurídicos y la Secretaría General de la institución avalan los procedimientos realizados en el concurso interno de personal del año 2016.

En este sentido, la Secretaría General afirma que no ha habido en dicho concurso ninguna promoción interna sino un cambio de puesto de trabajo, pero sin ascenso en la categoría o grupo profesional, y que en todos los casos se trató de funcionarios de carrera y personal laboral fijo ya perteneciente a la Diputación.

«El único motivo por el que se anularon las bases fue la previsión en dichas bases de que para participar en el concurso era necesario pertenecer a los cuerpos, escalas, subescalas o categorías profesionales establecidos en la RPT de la Diputación para cada puesto», manifiesta.

En esta línea, sostiene que «ninguna de las resoluciones judiciales formula tampoco reproche alguno a ningún otro aspecto de las bases». «En particular, no se advierten ningún defecto en el baremo de méritos que sirvió para elegir a los adjudicatarios de los puestos de entre los solicitantes», ha apuntado.

Por último, la Diputación de Ourense señala que fue la primera de España en poner en marcha un ERE y que realizó ajustes de un 40 % de su plantilla en ocho años, en línea con la defensa de seguir mejorando la eficacia en la gestión y el equilibro en sus recursos humanos.