El Gobierno habilitará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario una segunda línea de avales públicos, de otros 20.000 millones de euros, con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estará reservada íntegramente a pymes y autónomos.
Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, al que ha acudido para solicitar la prórroga de la vigencia del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril, Sánchez ha dicho que espera que más de 1,3 millones de autónomos y empresas se beneficien de esta línea de avales públicos, del máximo de 100.000 millones que anunció el Ejecutivo al inicio.
Asimismo, ha dicho que otras 130.000 empresas y autónomos se beneficiarán de la ampliación del límite de endeudamiento del ICO, para aumentar todas sus líneas de financiación, hasta un total de 10.000 millones de euros.
2.800 MILLONES EN AVALES EN 33.000 OPERACIONES
Si en la primera línea de avales el Gobierno decidió reservar la mitad de los 20.000 millones de euros avalados por el ICO a pymes y autónomos, en esta ocasión el Ejecutivo ha decidido dirigir el 100% de la segunda línea de avales a estos negocios, según ha informado la vicepresidenta, Nadia Calviño, durante su comparecencia en el Congreso para defender el decreto ley de medidas y ayudas económicas, con garantía de suministros y créditos para pagar el alquiler.
Según datos de este mismo jueves, se han contabilizado en los cuatro primeros días 33.000 solicitudes de avales por más de 2.800 millones de euros, de los cuales prácticamente todos han ido dirigido a pymes y autónomos (casi 2.700 millones de euros).
CONTROL SOBRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Previamente, durante el debate político, Pedro Sánchez ha sido interpelado por los grupos parlamentarios para endurecer el control de las entidades financieras, ya que, tal y como ha denunciado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han recibido quejas de cómo se condicionan las líneas de liquidez facilitadas por el ICO a la adquisición de productos de las entidades financieras.
El presidente del Gobierno se ha mostrado «de acuerdo en que hay que vigilar a los bancos» y ha reconocido que «es una cuestión recurrente» en la que trabaja la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
De su lado, la vicepresidenta económica también se ha referido a los controles que vienen ejerciendo las autoridades sobre el papel que juegan las entidades financieras al canalizar estos créditos, y ha asegurado que «tanto Gobierno como Banco de España están muy vigilantes para que se cumplan las condiciones establecidas».
Particularmente, ha explicado, vigilarán para que se puedan trasladar las mejores condiciones que permite este aval público en menores intereses, un mayor plazo o período de carencia, para que no se condicione el acceso a la liquidez a la contratación de productos o servicios de la entidad privada, y que las líneas de circulantes de todos los clientes se mantengan abiertas hasta el 30 de septiembre.
