El portavoz de Galicia en Común – Anova Mareas, Antón Gómez Reino, ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «transparencia» y le ha instado a «frenar» el «trato inhumano» a usuarios y trabajadores de las residencias de mayores en Galicia.

En un comunicado remitido a los medios, Gómez Reino ha vuelto a pedir a la Xunta que intervenga las residencias de mayores y proceda a su medicalización inmediata para garantizar «la correcta atención a sus usuarios y la protección de sus trabajadores».

Asimismo, ha emplazado al presidente a proceder a someter a exámenes del COVID-19 a todos los residentes y cuidadores. «No se trata solo de proteger las vidas, la salud y el bienestar de nuestros mayores y de quien los cuida, y de ofrecer tranquilidad a sus familias, se trata también de garantizar la seguridad del resto de la población», ha manifestado.

En esta línea, ha señalado que si no se conoce exactamente cuántos infectados hay en las residencias gallegas no se puede «actuar eficazmente» para frenar la expansión del coronavirus», ha afirmado.

«El modelo de privatizaciones en el sector sanitario y de servicios sociales desarrollado por la Xunta desde que Feijóo llegó al Gobierno permitió que durante años se hiciese negocio con los cuidados de nuestros mayores, dejándolos en una situación de extrema fragilidad», ha denunciado.

En este sentido, el dirigente de Anova Martiño Noriega ha insistido en que «una de las peores decisiones de Feijóo fue la de privatizar las residencias para las personas mayores, bien directamente desde la Xunta, bien por su fracasa operación de fusión de las cajas de ahorro».

«Quien consiga ver más allá de la propaganda institucional del régimen de Feijóo podrá ver un país en el que la ratio de plazas en residencias es del 3,05% sobre los mayores de 65 anos, muy por debajo de la media estatal, y con un 65% de la plazas en manos de empresas privadas», ha censurado.

Por último, la coordinadora de Esquerda Unida, Eva Solla, ha denunciado la «nula voluntad fiscalizadora de la Xunta con los centros privados». «Feijóo deja en manos de las empresas privadas la vida de nuestras personas mayores, privatiza los servicios y no ejerce control público sobre ellos, lo que aún agrava más esta situación de precariedad», censura.