La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido al PP y al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que dejen de «bloquear y mentir» y «hagan política útil» respaldando la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

En respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a una pregunta de la diputada del PP Tristana Moraleja, Maroto cuestionó al Grupo Popular si van a apoyar la aprobación de una medida que es «urgente» para la industria y que necesita Galicia. «¿O se van a quedar de perfil, como siempre hacen?», preguntó.

La ministra acusó al PP de «siempre llegar tarde» y de no haber sido capaz cuando estaba en el Gobierno de abordar una solución para la industria electrointensiva, «cuando sabían que el mecanismo de interrumpibilidad tenía los días contados por la normativa de la Comisión Europea».

Así, defendió que la normativa que plantea el actual Ejecutivo garantiza la competitivdad de más de 600 empresas y el mantenimiento de 300.000 empleos.

«No es un Estatuto para una solo empresa, ni para un solo sector ni para un solo territorio, es un Estatuto para el conjunto de la industria electrointensiva. Dígale al señor Feijóo que en Galicia se van a beneficiar 31 empresas de su aprobación y que queremos contar con su lealtad y su colaboración. Y dígale que no utilice a los trabajadores de Alcoa para hacer su campaña electoral», subrayó.

Además, la titular de Industria defendió la urgencia de la aprobación del Estatuto para la industria electrointensiva para poder gozar de un marco que dé «estabilidad y certidumbre» sobre el precio energético a este sector.

«NO CONVENCE NI SATISFACE A NADIE»

Por su parte, Moraleja acusó al Gobierno de proponer un Estatuto para la industria electrointensiva que «no convence ni satisface a nadie». «Están jugando con todos los españoles, todo les vale», dijo la diputada gallega.

Asimismo, consideró que la propuesta del Gobierno pasa de beneficiar a casi 200 empresas anteriormente a unas 600, pero con una partida que se reduce de los 500 millones de euros a unos 262 millones de euros, privilegiando además a las empresas de Cataluña y País Vasco. «Aquellos lugares en los que necesitan el apoyo», afirmó.