El PSdeG ha pedido «lealtad y colaboración» a la Xunta para aplicar la futura Ley de eutanasia de Galicia a través de una moción que ha sido rechazada por el PPdeG, que avisa de que «ni» los socialistas gallegos saben lo que se «va a aprobar» y que el texto registrado en el Congreso es una «copia» del presentado por Podemos en 2017.
Los grupos de la oposición y el Partido Popular han vuelto a escenificar este martes sus diferencias sobre la eutanasia en el debate de una moción defendida por la diputada del PSdeG Patricia Vilán quien ha instado a la Administración autonómica a habilitar los medios necesarios para que, una vez que se apruebe la futura norma, se pueda hacer compatible en Galicia «el derecho a la eutanasia y el derecho a la objeción de conciencia».
«Lo que queremos es que cuando sea legal el derecho a la eutanasia en España, este gobierno –en referencia a la Xunta– sea leal y colabore activamente para la aplicación de esa ley en nuestra comunidad autónoma», ha manifestado Patricia Vilán, que también ha reclamado al PP posicionarse a favor de considerar «legítimo» este debate. «Queremos que sean leales con un debate que está en la calle», ha sostenido.
Aunque todos los grupos de la oposición se mostraron partidarios de legalizar este derecho, el BNG optó por la abstención al considerar que se debe esperar a ver «cómo queda la ley» en lugar de «hacer un ejercicio de fe ciega», tal y como ha señalado la diputada nacionalista Montse Prado.
Con todo, la parlamentaria del Bloque, que ha reconocido los «avances» que supuso la norma aprobada en 2015 en Galicia, ha considerado necesario «avanzar» en este asunto para «no penalizar a las personas que no tienen una solución más que dejar de vivir».
Por su parte, sí han respaldado la medida tanto el Grupo Común da Esquerda, cuya diputada Eva Solla ha subrayado que un «80%» de la sociedad está a favor de regular este derecho, como el Grupo Mixto, cuyo portavoz Luís Villares ha advertido a los populares de que «han perdido el debate» en la sociedad sobre esta cuestión.
RECHAZO DEL PPDEG
Enfrente, la diputada del Grupo Popular Julia Rodríguez Barreira ha asegurado que el PP entiende que debe «dar soluciones a aquellas personas que no quieren vivir» pero ha subrayado que también hay que «dar garantías a aquellas personas que no quieren morir».
Rodríguez ha defendido la Ley gallega de derechos y garantías de dignidad de las personas enfermas terminales, que «ofrece soluciones a los pacientes terminales y a sus familias en el proceso final de la vida, porque ninguna persona debe sufrir o padecer en el momento de morir».
Además, en el debate, ha criticado que los socialistas gallegos muestren, «una vez más», su «sumisión» a lo que haga el PSOE en Madrid, sea lo que sea y aprueben lo que aprueben». «¿Cuál es el posicionamiento de los socialistas gallegos? ¿El del PSOE que en marzo de 2017 no apoyó la ley de eutanasia de Podemos; o el del PSOE que presentó una proposición de ley que copia el texto de Podemos?», se ha preguntado.
La iniciativa presentada por los socialistas incluía otro apartado en el que emplazaba a la Xunta a realizar un informe sobre el cumplimiento de la Ley gallega de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales aprobada en 2015, un punto que los populares pidieron votar por separado para poder apoyarlo pero que finalmente no salió adelante al rechazar el PSdeG esta petición.
«No nos tomen el pelo y sean valientes. Digan que realmente no están de acuerdo en votar a favor de un nuevo derecho para las personas», le ha respondido Patricia Vilán.
EL PP RECHAZA INICIATIVAS PARA DOTAR DE MEDIOS LA PRIMARIA
Por otra parte, en la sesión, los populares gallegos se han posicionado en contra de otras dos mociones defendidas por el Grupo Común da Esquerda y el Partido Socialista para aumentar los medios en los hospitales comarcales y la Atención Primaria.
La primera de ellas ha sido defendida por la diputada Eva Solla (Común da Esquerda), quien ha formulado una serie de propuestas para combatir la «falta de personal» en la sanidad pública gallega y evitar los «agravios» entre la población en función del lugar en el que viven por las dificultades para acceder a la sanidad.
Con este objetivo, entre otras cuestiones, ha reclamado la cobertura adecuada de los permisos, las bajas, las vacaciones y jubilaciones del personal, así como un plan inmediato de contratación en el Sergas que permita estabilizar a los profesionales y terminar con la precariedad.
Asimismo, ha exigido dotar a los hospitales comarcales de los medios humanos y materiales necesarios para mantener los servicios con una correcta capacidad asistencial, así como garantizar una cartera mínimo de servicios para todos servicios sanitarios.
También ha emplazado al Gobierno gallego a garantizar en la Ley de impulso demográfico la equidad en el acceso a los servicios públicos para la población del rural. «Acaba de entrar un texto en la Cámara que consideramos que es absolutamente insuficiente y que no cuenta con ni un solo artículo sobre la necesidad de garantizar los servicios sanitarios», ha manifestado Eva Solla, que ha pedido también derogar la modificación de la ley de salud.
Aunque ha contado con el respaldo de los restantes grupos de la oposición, la moción no ha salido adelante toda vez que el Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra. En concreto, la diputada del PP Encarna Amigo ha justificado el rechazo de los suyos al considerar que las afirmaciones de la oposición solo buscan de «desprestigiar» la gestión del Gobierno gallego.
«Tenemos más y mejores servicios y los profesionales de la sanidad pública nunca tuvieron tanta capacidad de diagnosticar como ahora», ha sostenido la diputada del PP, que ha asegurado también que la actual Ley de Salud de Galicia supone un «blindaje» de los hospitales comarcales «permitiendo ganar en equidad y garantizando la atención a los usuarios en sus lugares de residencia».
ATENCIÓN PRIMARIA
En la sesión, asimismo, el portavoz de sanidad del Grupo Socialista, Julio Torrado, ha lamentado el veto del PP a una moción del PSdeG que, según ha indicado, solo pedía a la Xutna que «asumiese las conclusiones» del informe ‘Por unha Atención Primaria vertebradora do Sistema de Saúde’, presentado en septiembre por un Comité de Expertos convocado por la Consellería de Sanidade.
Según ha indicado, el análisis supone «una bofetada a la política sanitaria del PP» y deja su modelo «a los pies de los caballos» por lo que la Xunta «se niega a aplicarlo».
Si bien la iniciativa también ha contado con el apoyo del resto de fuerzas de la oposición, tampoco ha salido adelante al ser rechazada por el grupo mayoritario. En concreto, el diputado popular Aurelio Núñez Centeno aseguró que «las medidas urgentes» ya están contempladas en el Plan gallego de atención primaria y «se encuentran en ejecución».
Además, se ha mostrado convencido de que el Gobierno gallego va a asumir las conclusiones del informe que permitan afrontar las realidades de la Atención Primaria de forma coherente con el Plan 2019-2021 y le ha pedido al socialista que facilitase la votación por puntos para respaldar el apartado que pedía solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición para o personal del sistema sanitario, cuestión rechazada por Torrado.