El Grupo Popular en la Cámara gallega ha rechazado con sus votos una iniciativa de Común da Esquerda presentada en comisión que planteaba pedir a la Xunta que deniegue la autorización al proyecto de la mina de Touro (A Coruña), algo que, según el PP, supondría pedir al Gobierno gallego «que prevarique» al estar el procedimiento administrativo en curso.

La proposición no de ley ha sido debatida en la Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada en la mañana de este miércoles en el Parlamento de Galicia. Además del voto en contra del PP, el PSdeG optó por la abstención en la propuesta, que contó con el apoyo del BNG en una comisión en la que no participó el grupo mixto.

En concreto, el rechazo de populares y la abstención de los socialistas a la iniciativa defendida por el diputado de Común da Esquerda Antón Sánchez radicó en que consideran que «sería pedir a la Xunta que prevarique» al instar a la Administración autonómica a denegar la autorización al proyecto, que se encuentra desde hace meses en período de tramitación.

Durante su intervención, Sánchez se ha preguntado «cómo la Xunta no da carpetazo» a un proyecto «que no es viable», que «no cumple con la legalidad» y cuya tramitación «se eterniza ilegalmente» gracias a la «tolerancia con la contaminación» que el diputado de Común da Esquerda atribuye a la administración autonómica.

Para Sánchez, existen un «conjunto de cuestiones claras y evidentes» para que el proyecto sea rechazado por parte del Ejecutivo gallego, al que ha acusado de «incumplir los trámites y los plazos» que marca la ley y mantener «una actitud pasiva o connivente» respecto a la empresa promotora, Atalaya Mining.

En este sentido, ha recordado que existen dos denuncias de Fiscalía trasladas al juzgado sobre las filtraciones de agua de la antigua explotación minera que funcionó en la localidad coruñesa hasta finales de la década de los 80 y en la que se asienta, en parte, el nuevo proyecto de Atalaya Mining.

En relación a ello, ha asegurado que existen informes internos de órganos dependientes de la Xunta -Augas de Galicia y la Dirección Xeral de Patrimonio Natural– en los que se alerta de «un riesgo elevado» para el medio ambiente y la población de la empresa, al tiempo que recelan «de las medidas de seguridad» planteadas por los promotores del proyecto.

«Si el proyecto no reúne la calidad suficiente o no es viable ambientalmente, como se decretó dos veces, tanto en 2019 como en 2017, tanto en el primer proyecto como en la rectificación; la Xunta debe resolver. Están todas as cartas encima da mesa», ha remarcado Sánchez.

PARTIDO POPULAR

Por su parte, el diputado del PPdeG Moisés Blanco ha censurado que Común da Esquerda «insista» en «la matraca de los mismos temas» y en «pedir a la Xunta que incumpla la ley». «Está pidiendo que la Xunta prevarique y no lo vamos a permitir», ha espetado tras recordar que el proyecto está siendo tramitado por los cauces administrativos.

«Qué más le da los plazos, la ley o la separación de poderes», ha continuado Blanco en respuesta a Antón Sánchez, al que ha acusado de «olvidarse de la presunción de inocencia» por recordar las causas judiciales abiertas contra la administración.

PSDEG Y BNG

La diputada Patricia Vilán fue la encargada de defender la postura PSdeG, que presentó una enmienda, finalmente rechazada por el grupo propositor, en la que planteaban «exigir a las diferentes consellerías» que estableciesen «garantías de mayor seguridad» para la zona, así como la configuración de un plan de «reconversión social y económica de la comarca».

Con todo, Vilán expresó que su grupo no compartía la postura de Común da Esquerda, puesto ue «no se puede denegar sin más el proyecto», ya que esto sería incurrir en prevaricación. No obstante, ha continuado, «sí podría ser que, por estar pendiente la declaración de impacto ambiental, se declarase caducado el trámite».

El BNG, único grupo que apoyó la proposición no de ley, también ha puesto el foco en la «excesiva permisividad» del Ejecutivo gallego hacia la actividad minera, por lo que, de la mano del diputado Luís Bará, ha demandado que se paralice el proyecto y se restaure la antigua explotación que «contamina» el río Ulla y las captaciones de agua.