La Xunta incluye en la futura ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2027 diferentes modificaciones relativas al Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, entre las que se encuentran primar la antigüedad en la lista.

El Gobierno gallego destaca que con estos cambios se busca «reforzar la seguridad jurídica, reducir los tiempos de gestión y adaptar ciertos artículos a la evolución normativa y a las necesidades detectadas en la gestión ordinaria de los procedimientos».

En detalle, en el artículo dedicado a la reserva de viviendas para ser adjudicadas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) se incluye como novedad la situación de familias «con la antigüedad en la inscripción que se determine en cada procedimiento de adjudicación».

Asimismo, la ley gallega de vivienda elimina la parte del texto que fijaba un tope del 30% de reserva de viviendas ofertada para colectivos en situaciones de atención preferente, por lo que a partir de 2027 se podrá superar esa tasa en función de necesidades.

TRANSMISIÓN A CÓNYUGES, PLAZAS DE APARCAMIENTO Y SANCIONES

La Xunta señala que se clarifica el régimen de inscripción en el registro mediante la incorporación de una definición de los conceptos de unidad familiar y unidad de convivencia, así como de la regulación de la inscripción conjunta de las personas que las integran. Igualmente, se introducen «diversas medidas orientadas a la simplificación y agilización» de los procedimientos de selección y adjudicación de las viviendas protegidas.

Entre otras novedades, recoge que las viviendas adjudicadas a una persona no podrá aportarse a la sociedad de gananciales con su cónyuge en un plazo de cinco años, excepto que el cónyuge cumpla los requisitos que se establezcan para el acceso a este tipo de viviendas. Tampoco podrán transmitirse en cinco años a terceras personas que formen parte de la unidad familiar del adjudicatario.

En lo tocante al régimen sancionador, aumenta de uno a dos años la imposibilidad de realizar una nueva inscripción cuando la persona adjudicataria de una vivienda en un sorteo de una promoción renuncie a ella sin concurrir ninguna de las causas justificadas.

Igualmente, las infracciones graves de utilización de una vivienda protegida sin título legal habilitante o por no desocupar la vivienda de promoción pública en el plazo fijado supondrán la imposibilidad de inscribirse en el registro de demandante de vivienda o, en caso de ya estar inscrito, no poder participar en adjudicaciones durante cinco años.

Respecto a las plazas de aparcamiento, hasta ahora se fijaba que «será de una por cada 150 metros cuadrados de superficie de uso privativo de los alojamientos». Sin embargo, introduce el cambio de que habrá una plaza de aparcamiento para vehículos por cada tres alojamientos.

Junto a esto, añade la condición de municipio «colaborador en materia de vivienda protegida», lo que el IGVS puede «tener en cuenta» en la planificación de sus actuaciones.