El Parlamento de Galicia ha rechazado una moción del PSdeG que reclamaba modificar el Bono Concilia Familia para que las ayudas puedan cubrir también los campamentos y otros recursos de conciliación organizados por ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones públicas. A este respecto, el PPdeG ha insistido en que los municipios ya reciben fondos para estos servicios, por lo que se trataría de una doble financiación.

La diputada del PSdeG que ha defendido la moción, Silvia Longueira, ha señalado que el debate no trata únicamente de una ayuda económica, sino de si las políticas públicas de conciliación «están realmente pensadas para la vida de las familias».

A su juicio, si existe una necesidad real de conciliación, una familia no debería perder el acceso a una ayuda por el hecho de que el recurso utilizado esté organizado por una administración pública.

En este sentido, ha criticado que la convocatoria del Bono Concilia Familia 2026 permita subvencionar campamentos y otros recursos colectivos organizados por entidades públicas o privadas, pero excluya los organizados directa o indirectamente por cualquier administración pública.

«¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista de las necesidades de una familia, entre el campamento organizado por una empresa y el campamento organizado por el ayuntamiento?», se ha preguntado, antes de defender que «las ayudas de conciliación deben seguir las necesidades de las familias, no la titularidad administrativa del servicio».

La iniciativa socialista planteaba tres medidas: modificar la regulación para incluir los campamentos públicos entre los gastos subvencionables; eliminar esta exclusión de las próximas convocatorias; y garantizar que el acceso a la ayuda dependa de la necesidad de conciliación y del cumplimiento de los requisitos, y no de si el servicio es público o privado.

El PSdeG ha incidido además en que los ayuntamientos llevan años organizando campamentos, escuelas de verano, programas madrugadores y otras actividades para atender a las familias durante las vacaciones escolares. Por ello, ha considerado «paradójico» que la Xunta, mientras reclama colaboración entre administraciones, establezca una convocatoria que deja fuera estos recursos.

También ha advertido de que las reglas deben conocerse con antelación para permitir a familias y municipios planificar sus servicios, y ha vinculado las políticas de conciliación con la igualdad entre hombres y mujeres, al señalar que la falta de recursos durante las vacaciones recae con mayor frecuencia sobre las mujeres.

BNG: «CAMBIARON LAS REGLAS»

El BNG ha apoyado la iniciativa socialista y ha endurecido las críticas contra la Xunta, a la que ha acusado de cambiar las «reglas del juego» cuando el periodo de uso de los campamentos ya había comenzado y las familias habían realizado sus reservas.

La diputada nacionalista Ariana Fernández ha calificado la exclusión de los servicios municipales como «una trampa» y ha censurado que los recursos públicos de conciliación queden fuera de la ayuda mientras sí pueden beneficiarse los privados. A su juicio, esta decisión perjudica especialmente a las familias con menos recursos y a las que residen en municipios rurales, donde en muchos casos no existe una oferta privada de campamentos suficiente.

Ha reclamado que las políticas de conciliación garanticen opciones para las familias con independencia de dónde vivan y ha cuestionado que se presente como «libertad» una situación en la que no todas disponen de las mismas alternativas.

También ha criticado el procedimiento de solicitud del bono, con miles de peticiones concentradas en las primeras horas, y ha reprochado a la Xunta que utilice una fórmula de concurrencia no competitiva para repartir las ayudas.

Para Fernández, el problema no se resuelve únicamente con bonos, sino con una «red estable de servicios públicos de conciliación que dé respuesta a las familias en todo el territorio».

En su intervención final, la diputada socialista Silvia Longueira ha insistido en que no cuestiona la existencia del Bono Concilia, pero ha pedido a la Xunta que, «ya que lo tienen, que lo hagan bien».

La socialista ha defendido que muchas familias utilizan el recurso que tienen más cerca, que pueden pagar o que encaja con sus horarios, y ha reclamado que las condiciones de la convocatoria no se modifiquen una vez iniciado el proceso.

PP: «EL BONO ES UN ÉXITO»

Frente a las críticas, el PPdeG ha defendido el Bono Concilia Familia como una política «de éxito» y ha señalado que en 2025 recibió más de 13.000 solicitudes, mientras que miles de familias ya se han beneficiado del programa.

La diputada popular Raquel Arias ha defendido que los campamentos municipales no están incluidos porque los ayuntamientos ya reciben financiación de la Xunta para desarrollar este tipo de actividades y otros servicios de conciliación.

En concreto, ha destacado que la Administración autonómica destina 7,5 millones de euros a apoyar a los municipios para poner en marcha ludotecas, campamentos y otros recursos.

Según el PPdeG, permitir además que esos mismos servicios sean subvencionados a través del Bono Concilia supondría generar una doble financiación para las familias que recurren a ellos. «Los campamentos municipales no entran en el Bono Concilia porque los municipios ya reciben esa ayuda de la Xunta», ha defendido.

La diputada ha reivindicado también otras medidas de conciliación de la Xunta, como la gratuidad de las escuelas infantiles, la Tarxeta Benvida, las casas nido y los campamentos autonómicos, y ha asegurado que las familias deben tener «libertad» para elegir el recurso que mejor se adapte a sus necesidades.

Asimismo, ha acusado a PSOE y BNG de obviar la financiación estatal en materia de conciliación y ha reprochado al Gobierno central una reducción, según sus datos, del 25% de los fondos del Plan Corresponsables.

El PPdeG ha concluido que la Xunta es la administración que está «al lado de las familias» y ha rechazado modificar la convocatoria en los términos planteados por el PSdeG.