El Parlamento de Galicia ha rechazado una moción del BNG que reclamaba recuperar el complemento autonómico del bono social térmico, agilizar su pago y poner en marcha un protocolo de emergencia energética, además de una estrategia y un observatorio gallegos contra la pobreza energética, un programa extraordinario de ayudas para las pymes y una reforma de la legislación estatal para establecer una tarifa eléctrica diferenciada para Galicia.

El PPdeG, que ha votado en contra, considera que muchas de las medidas que solicitan los nacionalistas «ya se aplican».

Entre los datos facilitados por el diputado nacionalista Xosé Manuel Golpe, encargado de defender la moción, está que en Galicia 95.377 personas reciben actualmente el bono social y que seis de cada diez se encuentran en situación de vulnerabilidad severa o riesgo de exclusión social.

El nacionalista ha advertido de que la pobreza energética no afecta únicamente a los hogares, sino también a las pequeñas y medianas empresas, sometidas al impacto de la volatilidad de los precios y de los costes de producción. A su juicio, la respuesta no puede limitarse a medidas de eficiencia energética, sino que se debe actuar también sobre el coste de la energía.

Entre las propuestas planteadas, el BNG ha reclamado recuperar el complemento autonómico del bono social térmico, eliminado por la Xunta cuando consideró que los precios energéticos se habían normalizado. El diputado nacionalista ha sostenido que esa justificación «desaparece» ante la situación actual.

También ha pedido que el bono social térmico se abone durante el primer trimestre de cada año y ha criticado que todavía haya beneficiarios que no hayan cobrado en octubre la ayuda correspondiente a 2025. En este sentido, ha reclamado mecanismos administrativos que agilicen la tramitación.

El tercer eje de la moción era la creación de un protocolo gallego de emergencia energética que establezca una vía de atención clara para hogares que reciban avisos de corte, no puedan afrontar los gastos de calefacción o cuenten con personas electrodependientes, con coordinación urgente con los servicios sociales municipales.

El BNG planteaba asimismo una estrategia gallega contra la pobreza energética y un observatorio específico que permita disponer de datos actualizados sobre cortes, retrasos en pagos, solicitudes y denegaciones del bono social o perfiles de las personas beneficiarias. «Lo que no se mide, lo que no se observa, no se puede corregir», ha defendido.

Para las pymes, la iniciativa proponía un programa extraordinario de ayudas que combinase asesoramiento, ayudas directas y anticipos para inversiones en eficiencia, autoconsumo y almacenamiento, priorizando a las empresas más expuestas a los costes energéticos y con mayor impacto sobre el empleo.

Por último, reclaman al Estado una reforma de la legislación energética que tenga en cuenta la condición de Galicia como territorio productor y exportador de electricidad y permita «avanzar hacia una tarifa eléctrica propia».

PSDEG APOYA CINCO DE LOS SEIS PUNTOS

Por su parte, el PSdeG ha respaldado cinco de los seis puntos de la moción y ha planteado una modificación sobre la propuesta relativa a la tarifa eléctrica.

La diputada socialista Patricia Iglesisas ha coincidido con el BNG en reclamar la recuperación del complemento autonómico del bono social térmico, criticando también que la Xunta lo eliminase cuando consideró que los precios de la energía se habían estabilizado.

Los socialistas apoyan también el protocolo de emergencia energética, la estrategia y el observatorio gallegos contra la pobreza energética y el programa extraordinario de ayudas a las pymes. En su intervención, Iglesias ha defendido que la lucha contra la pobreza energética está vinculada a otros problemas como el acceso a la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo.

El PSdeG ha diferenciado, sin embargo, la propuesta del BNG sobre la tarifa eléctrica y ha defendido que la solución pasa por una mayor producción renovable, autoconsumo, eficiencia, almacenamiento y electrificación de la demanda, dentro de un sistema eléctrico interconectado.

Asimismo, Iglesias ha reclamado que la riqueza energética de Galicia se traduzca en industria, empleo y bienestar para la ciudadanía y ha criticado la política energética de la Xunta, al entender que no existe una estrategia suficiente de transición ecológica.

PPDEG RECHAZA LA MOCIÓN

El PPdeG ha votado en contra y ha acusado al BNG de mezclar en una misma iniciativa la protección de las familias vulnerables, procedimientos administrativos, ayudas a empresas, política industrial y regulación del mercado eléctrico.

Sobre el bono social térmico, el diputado popular Rubén Lorenzo ha defendido que la Xunta ya gestiona esta ayuda con medios propios y ha rechazado que pueda abonarse automáticamente en el primer trimestre, al existir expedientes que requieren comprobar datos, cambios de titularidad o documentación. Además, ha argumentado que el plazo legal que reclama el BNG fue anulado por el Tribunal Constitucional.

También ha cuestionado la necesidad de crear un nuevo protocolo, estrategia u observatorio sobre pobreza energética, al considerar que las funciones de coordinación ya se desarrollan desde la Xunta, los ayuntamientos y los servicios sociales. En cuanto a las ayudas a las pymes, ha reprochado al BNG que plantee «recursos suficientes» sin concretar su cuantía, los beneficiarios ni la duración.

En materia energética, ha coincidido en reclamar al Estado una reforma del sistema eléctrico y mayores inversiones en redes para aprovechar la capacidad renovable de Galicia, pero han rechazado la idea de una tarifa eléctrica gallega propia planteada por el BNG.

El PPdeG ha defendido que la pobreza energética debe abordarse con «protección real» y recursos bien utilizados, al tiempo que ha acusado al BNG de recurrir a «eslóganes» y «demagogia». Por su parte, el diputado nacionalista ha replicado al cierre del debate que el problema de fondo son los elevados precios de la energía y ha insistido en que el Parlamento debe abordar cambios que permitan aliviar el coste que soportan hogares y empresas.