El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama al Gobierno adoptar todas las medidas necesarias para proteger el derecho a la libertad de expresión, opinión y publicación ante la nueva causa abierta contra el escritor gallego Suso de Toro por sus denuncias del genocidio cometido en Palestina.

Según la información difundida por la organización ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medioambiente), la Audiencia Provincial de Madrid habría dejado sin efecto el sobreseimiento provisional de la causa iniciada hace dos años a raíz de una denuncia contra el escritor, por un presunto delito de incitación al odio antisemita.

Néstor Rego advierte que esta situación implica «un nuevo intento de criminalizar las posiciones de solidaridad con el pueblo palestino y las críticas a las políticas de Israel», y considera «especialmente grave» que el propio Suso de Toro conociera la reapertura del procedimiento a través de los medios de comunicación, sin haber recibido, «por el momento», comunicación oficial del órgano judicial.

«No se puede confundir antisionismo con antisemitismo ni convertir la denuncia del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en un delito de odio. Defender los derechos del pueblo palestino, denunciar las actuaciones del Estado de Israel o cuestionar una ideología política como el sionismo forma parte del ejercicio de la libertad de expresión» señala el diputado nacionalista.

Considera que el caso de Suso de Toro no es un hecho aislado, sino que si inserta «en un contexto de creciente persecución de personas y colectivos que expresan públicamente su solidaridad con Palestina y denuncian las actuaciones de Israel».

En este sentido, reclama al Gobierno «garantizar que ninguna persona sea perseguida por ejercer de manera pacífica y democrática sus derechos fundamentales».

«Es especialmente preocupante que se pretenda utilizar el delito de odio para perseguir opiniones políticas y expresiones de solidaridad con el pueblo palestino. El Gobierno debe actuar para garantizar la libertad de expresión e impedir cualquier utilización abusiva de los mecanismos del Estado contra quien denuncia el genocidio», ha defendido Rego.