Los senadores del PP por Ourense Rosa Sánchez Gándara y Francisco José Fernández han exigido al Gobierno central que «ponga fin al bloqueo» de la proposición de ley basada en recuperar el IVA reducido del 10% para los servicios de peluquería, barbería y estética, y han presentado una batería de preguntas ligadas al «impacto» de dicha fiscalidad, el cierre de establecimientos y la «supervivencia» del sector en Ourense.

Así lo han trasladado ambos este jueves en una comparecencia, acompañados de la presidenta de la Asociación de Empresarios de Peluquería y Estética de Ourense, María José Rocholl, quien también ha lamentado un «incremento de costes» y una «presión fiscal que compromete la viabilidad de muchos pequeños negocios».

Entre las principales demandas de populares, han destacado que cesen las «sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas» –la ley acumula ya 97 ampliaciones del plazo, según han asegurado–, así como que continúe «inmediatamente» su tramitación en el Congreso y que se recupere el IVA reducido del 10%.

INICIATIVA «PARALIZADA»

Ambos senadores han recordado que dicha iniciativa fue remitida por el Senado al Congreso en noviembre de 2023 y han denunciado que «permanece paralizada» en la fase de presentación de enmiendas desde diciembre de ese mismo año.

«Después de casi tres años y 97 prórrogas ya no cabe ninguna excusa. El Gobierno debe dejar de prolongar indefinidamente los plazos y permitir que la ley continúe su tramitación», ha recalcado Rosa Sánchez Gándara.

Asimismo, han lamentado que tras dicha reclamación se encuentran «autónomos, microempresas y negocios familiares», y han incidido además en la «importancia» de dichos establecimientos en esta provincia, apuntando especialmente a «pequeños municipios» y a una población «dispersa y envejecida».

Algo que también ha trasladado María José Rocholl, quien ha insistido en que los profesionales del sector «deben enfrentarse a una subida de la electricidad, productos, alquileres, salarios y cotizaciones» con márgenes «cada vez más reducidos».

«Cada establecimiento que cierra, supone perder empleo y actividad económica, pero también un servicio de proximidad fundamental para muchas personas mayores del rural», ha añadido al respecto Francisco José Fernández.