El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP en la que insta al Gobierno a eliminar la cita previa obligatoria para realizar trámites con la Administración General del Estado, un texto ha salido adelante con apoyo de Vox, Junts, PNV, Podemos, BNG y UPN, y ante la que se han abstenido los partidos del Gobierno de coalición, ERC, Bildu, Coalición Canaria y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó.

Durante el debate de la iniciativa el pasado martes, todos los grupos reconocieron la necesidad de revisar la cita previa forzosa para hacer gestiones administrativas y admitieron que esta fórmula a veces impide el correcto ejercicio del derecho a relacionarse con la administración. Además, algunos alertaron de que está provocando una suerte de mercado negro de reventa de citas al que hay que poner coto.

Sin embargo, mientras PP, Vox y Junts fueron los más beligerantes, desde el PSOE se argumentó que el Gobierno ya está dando pasos para finiquitar las citas previas forzosas y Sumar, ERC y Bildu las defendieron como un sistema adecuado en términos generales, aunque se abrieron a rebajar su obligatoriedad en ciertos casos.

El texto aprobado, además de pedir acabar con su obligatoriedad como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, también urge al Ejecutivo a garantizar la atención presencial directa a cualquier ciudadano que la solicite, con o sin cita previa, y a adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria.

La iniciativa del PP reseñaba que son numerosos los organismos dependientes de la Administración General del Estado en los que resulta extraordinariamente complejo conseguir una cita previa o esta se ofrece con «demoras prolongadas», lo que genera «inseguridad jurídica» y, en ocasiones, «pérdida de derechos por vencimiento de plazos».

«No se trata de eliminar la cita previa como instrumento de gestión, sino de devolverla a su naturaleza original: un sistema voluntario que facilite la organización del servicio a quien libremente desee utilizarlo», resumen los ‘populares’, para quienes la atención «directa, inmediata y presencial debe seguir siendo una opción real y efectiva», especialmente para las personas mayores que sufren brecha digital o para quienes necesitan una respuesta urgente.