El PSOE y Unidas Podemos han acordado la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con «compensaciones y exenciones de pago» para las empresas con «altos» costes energéticos «a cambio de que estas mejoren su eficiencia energética, y así «potenciar la competitividad y la eficiencia» de las mismas.

Se trata de una de las medidas incluidas en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un Gobierno de coalición, en el que también se incluyen modificaciones de la factura eléctrica, para penalizar el consumo excesivo de energía y reducir el porcentaje que representa la potencia instalada.

Asimismo, ambas fuerzas también se comprometen a sacar adelante medidas para reformar el mercado eléctrico y conseguir el abaratamiento de los precios mediante el uso de renovables, siendo el coste de generación el «criterio fundamental» a la hora de retribuir su producción.

En su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un Gobierno de coalición, ambas formaciones han propuesto la elaboración de un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico para favorecer la descarbonización y «unos precios asequibles para el consumidor y las empresas».

Así, avanzan cambios legales para que la reducción progresiva del coste de las energías renovables «se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas».

En este sentido, aseguran que modificarán los requisitos, las reglas y las convocatorias de las subastas para asignar un régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía a través de fuentes de energía renovables y que el criterio fundamental sea el coste de generación de cada tecnología. En estas subastas podrán participar entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

AUTOCONSUMO COMPARTIDO Y PÚBLICO Y BONO SOCIAL «GENERAL»

Por otro lado, también han pactado la realización de cambios normativos en el mercado eléctrico «para acabar con la sobrerretribución que reciben determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión», los conocidos como ‘windfall profits’ o ‘beneficios caídos del cielo’ de energías como la hidráulica.

En materia de autoconsumo, el acuerdo avanza una regulación del autoconsumo compartido, la simplificación de trámites y una regulación de la retribución a la energía vertida a la red «como mínimo, igual al valor de mercado mayorista», así como un trabajo para «reparar la situación de pequeños inversores perjudicados por el cambio regulatorio».

Otro de los aspectos mencionados es el bono social, para el que han pactado «una reforma profunda» en el caso del eléctrico, que deberá ser asumido por las empresas comercializadoras de electricidad, y la creación de un «bono general» que incluya el bono gasista.

CONSUMIDOR ELECTROINTENSIVO Y PAGOS POR CAPACIDAD

En el apartado dedicado a factura eléctrica, PSOE y Unidas Podemos mencionan la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con «compensaciones y exenciones de pago» para las empresas con «altos» costes energéticos «a cambio de que estas mejoren su eficiencia energética, y así «potenciar la competitividad y la eficiencia» de las mismas.

También han pactado una revisión de los pagos por capacidad para limitarlos a «medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales».

PLANES ANTE EL FIN DEL CARBÓN Y EVITAR DESLOCALIZACIONES

De cara al cierre de las centrales de carbón y «centrales nucleares con calendario poco conocido», el pacto recoge el desarrollo de «planes de acción urgente» con el fin de definir «escenarios estables, predecibles y competitivos» y fomentar el desarrollo e inversión en innovación y tecnologías verdes.

En el apartado de la industria, el acuerdo recoge un compromiso para actuar contra las deslocalizaciones y «facilitar» con recursos públicos «la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas», así como la recuperación de zonas desindustrializadas.

También se alude a un Plan de Desarrollo Industrial con horizonte en 2030 «para la transición ecológica y la descarbonización» y con el objeto de mejorar la competitividad de la industria, la creación de empleo de calidad y el aumento de este sector en el PIB.

ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 5G

Por otro lado, en la parte dedicada a industria, anuncian la presentación de «una ambiciosa Estrategia Española de Inteligencia Artificial», la promoción de tecnologías habilitadoras, como el ‘big data’, ‘blockchain’, el ‘Internet de las cosas’ o la supercomputación.

Asimismo, mencionan un plan para desplegar infraestructuras digitales para el despliegue de la tecnología móvil 5G, el desarrollo de aplicaciones en proyectos piloto y pre-comerciales y su utilización en sectores como la salud, la automoción, el agroalimentario o el turismo.

El acuerdo también incluye una Ley de Derechos Digitales, un Plan de Ciberseguridad, un Plan de Digitalización de la Administración, la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a los trámites y sus expedientes en un único espacio web y programas de inversión en empresas públicas para su digitalización.