La diputada socialista Patricia Iglesias ha defendido una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento gallego para exigir a la Xunta el «carpetazo definitivo» del proyecto de Altri, con lo que se impida su «reapertura futura». «No nos fiamos de este gobierno», asevera.

«Archivar no es denegar el proyecto de Altri», advierte, puesto que solo supone «meterlo en la nevera» y «no asumir responsabilidades». Así, sugiere que los populares esperan un cambio en el Gobierno central para retomar este proyecto en Palas de Rei (Lugo). «No sé qué les prometieron a los promotores de la macrocelulosa», cuestiona.

Al respecto, Gonzalo Trenor (PP) ha reducido esta iniciativa a «PNL escoba» que «intenta recoger todas las iniciativas que ya trajo antes el BNG», según dice, «copiándoles».

El diputado popular ha cargado contra esta propuesta para identificarla con una «estrategia partidista de desgaste» a la Xunta. Sostiene que se trata de «otro round de competición de la izquierda gallega a ver quién perjudica más a Galicia». «Son profesionales de la manipulación, del bulo», ha arremetido Trenor contra la oposición.

La propuesta demanda denegar el «fondo» del proyecto industrial, denegar la concesión de aguas pendiente de autorización y la pendiente autorización ambiental integrada.

La proposición no de ley debatida esta tarde de martes en el pleno de la Cámara, que no se votará hasta el miércoles, también pide garantizar el mantenimiento de la protección ambiental de la zona afectada por el proyecto, en un cumplimiento íntegro a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y «revertir cualquier actuación administrativa que implique una desprotección inmotivada». Finalmente, reclama hacer pública de manera inmediata la memoria de entendimiento firmada en 2021 entre el presidente de Impulsa Galicia y el CEO de Altri.

Así, Patricia Iglesias remarca que este proyecto se archivó «no por el Gobierno gallego», que le puso «alfombra roja» a una «macrocelulosa», sino por el Gobierno de España y las movilizaciones sociales.

En esta línea, Luís Bará (BNG) advierte de que Altri «no es un asunto cerrado», a pesar de estar «derrotado política y socialmente», pero quedan diferentes aspectos pendientes de trámite administrativo, como la autorización de Augas y la autorización ambiental integrada.

El diputado nacionalista se ha referido a la intervención este martes de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, en la que habló de retomar proyectos de minas «ya olvidados» como los de Corcoesto –recuerda que ya fue proyecto estratégico en 2012–, San Finx y Varilongo. Y dice que lo que le llamó la atención fue que no hiciese mención a Altri, lo que identifica con que «es el símbolo de la política industrial fracasada del PP».

Bará sostiene que en la Xunta «inventaron la excusa del archivo porque los pillaron con las manos en la masa» al obligar el TSXG a la Xunta a mantener la «protección» de su estrategia verde a una zona afectada por el proyecto de Altri.

RECHAZO DEL PP A INVENTARIO DE CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS CADUCADAS

Por otra parte, el BNG ha defendido en este pleno una iniciativa en la que insta a la Xunta a realizar un inventario completo de todas las concesiones hidroeléctricas caducadas, con información sobre fecha de vencimiento, potencia instalada e ingresos estimados.

El objetivo del Bloque es redactar un plan de recuperación de centrales hidroeléctricas con concesiones vencidas y la creación de una empresa pública gestora de los activos recuperados.

El diputado José Manuel Golpe (BNG) pone el foco sobre que las eléctricas obtuvieron beneficios netos de 545 millones de euros en 2023 por la explotación de los ríos gallegos, con un margen de beneficio del 389%, que alcanzó «el 913%» en 2022. Y denuncia que todo va para el «oligopolio» de Iberdrola, Naturgy y Endesa a cambio de solo generar 61 empleos en el sector en Galicia.

Señala un informe de Augas de Galicia de 2021 en el que se hablaba de que había más de 50 concesiones hidroeléctricas extinguidas, pero lamenta que no hay más datos actualizados.

Al respecto, la diputada socialista Patricia Iglesias ha criticado el «oligopolio de centrales hidroeléctricas» y la «opacidad» de la gestión del PP y Xunta. Y todo sin que se facilite cuántas concesiones están caducadas «porque el Gobierno gallego no quiere que se sepa».

Por su parte, Armando Ojea (Democracia Ourensana) también ha cuestionado la «ocultación» de la Xunta de estos datos y lamenta que estas empresas crean escasos puestos de trabajo.

En cambio, el diputado popular Rubén Lorenzo ha avanzado el rechazo del grupo mayoritario a esta propuesta que «no pretende resolver absolutamente ningún problema real». Sostiene que ya existe un inventario «público» y «actualizado» en la web de Augas de Galicia, además de que indica que «las concesiones vencidas ya revierten a lo público por ley».

Esta proposición no de ley ha sido debatida durante la tarde de este martes, pero no se votará en el pleno del Parlamento gallego hasta la mañana de este miércoles.