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Ángel Víctor Torres espera acordar con la Xunta el traspaso de la AP-9 «mientras siga siendo ministro»

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, espera alcanzar «en los próximos meses» un acuerdo con la Xunta para efectuar el traspaso de la AP-9 y confía en que este se produzca «mientras siga siendo ministro». «Aunque sea en funciones», ha asegurado.

Torres ha realizado este pronóstico en una entrevista concedida este domingo a ‘Cadena SER’ y recogida por Europa Press, en la que, entre otras cuestiones, ha valorado los dos traspasos competenciales a Galicia aprobados esta semana y ha afirmado que su departamento «hizo todo lo posible» al respecto de la reciente subasta de bienes del Pazo de Meirás.

En relación a la AP-9, ha explicado que el Gobierno mantiene una negociación abierta con el Ejecutivo gallego para llegar a un acuerdo sobre el traspaso, que fue aprobado en julio por el Congreso. No obstante, el texto definitivo de la ley, cuestionado por el PP, determina que ambas administraciones deberán elaborar una propuesta de acuerdo que luego sea elevado a la Comisión Mixta de Transferencia.

Torres ha precisado que hay un acuerdo «en el fondo» y que las diferencias tienen que ver «con cuestiones de índole económica y de recursos más que de otra índole». «A ver si es posible que podamos conseguir, yo creo que sí, llegar a un acuerdo en este asunto en los próximos meses y mientras siga siendo ministro de Política Territorial. Aunque sea en funciones», ha concluido.

NUEVAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS

El ministro dice estar «encantado» de concluir la legislatura con casi 60 traspasos realizados. Entre ellos, figuran la transferencia a Galicia de las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras y aeródromos y helipuertos considerados no esenciales, formalizados esta misma semana.

Esta última competencia abarca unas 40 infraestructuras. Torres ha asegurado que la asunción de estas funciones no conlleva «una cuantía alta» en lo económico, aunque «sí lo es desde el punto de vista de la gestión, de la planificación y de los proyectos futuros». «Es la segunda comunidad que la tiene transferida y creo que ha sido un acierto demandarla», ha completado.

Al respecto de las autorizaciones iniciales de trabajo, que permitirá la incorporación de personas migrantes al mercado laboral gallego, ha defendido que «la presencia y la aportación de la inmigración» a la economía del país «es clave y fundamental para el estado de bienestar».

Además, ha asegurado «no entender» los «mensajes contradictorios» que cree que el PP envía en materia migratoria. «No entendemos cómo, por ejemplo, con tantas personas que tuvieron que marcharse a América de Galicia y que fueron descendientes de exiliados, no puedan tener un derecho a participar en la nueva cita electoral», ha criticado, refiriéndose al recorrido judicial de la ‘ley de nietos’.

TRES TRASPASOS EN DOS AÑOS

Preguntado por si cree que Rueda apuesta más por el autogobierno que Feijóo, el ministro piensa que el actual presidente gallego defiende esta cuestión de manera «indubitada», dado que, en este tiempo, se han dado negociaciones que han «fructificado y terminado bien», como en el caso del litoral. Estas competencias fueron transferidas en 2025 y se suman a las dos recién incorporadas.

«Hemos seguido avanzando más en la búsqueda de acuerdos que en la disonancia», ha opinado. En este plano, ha reconocido que, cuando le preguntan por qué hay comunidades que tienen más traspasos que otras, esto se debe a que «hay comunidades que piden más traspasos que otras». «Si tú solamente pides dos, más de dos no puedes conseguir», ha afirmado.

Sobre el traspaso del litoral, que fue el primero a Galicia en más de 16 años, ha asegurado que no existen quejas por parte de ninguna entidad que sean «relevantes». En este sentido, considera que ha sido una gestión «bien negociada» y que se está desarrollando «con normalidad».

SUBASTA DE BIENES DE MEIRÁS

Preguntado por la subasta de cerca de 700 lotes de objetos extraídos del Pazo de Meirás –que dejó a los Franco más de medio millón de euros–, Torres ha asegurado que, según lo que le trasladan los representantes jurídicos del Ministerio, se «hizo todo lo posible» de acuerdo a los parámetros marcados por la ley.

El ministro ha recordado que había fallos judiciales, que se tienen que «acatar y poder recurrir», y ha defendido que el Gobierno consiguió «recuperar el Pazo de Meirás para lo público». Aunque entiende a aquellos que «piden lo máximo», ha zanjado: «En ocasiones hay que aceptar que la política no es llegar, aunque uno aspire a ello, a los máximos, sino llegar al mejor acuerdo posible».

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