La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha acusado al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, de «faltar a su palabra» y no duplicar las plazas afectadas por resoluciones judiciales de cara a la movilidad de funcionarios públicos en escalas de servicios sociales, mientras que sí lo ha hecho en escalas de ciencias. A su entender, existe un «trato desigual».

Por su parte, Corgos, en su intervención en el pleno, ha apuntado que la sentencia judicial afectó «primero» al concurso de escalas de administración especial, donde se dio, por diferentes circunstancias, una «situación excepcional que no se puede aplicar de forma generalizada y, a priori, a todas las escalas y puestos».

«Lo que procede es resolver el concurso lo más pronto posible para garantizar los derechos del personal con mas antigüedad, que permitirá luego la toma de posesión del personal de nuevo ingreso –160 personas que están esperando por ello– y, luego, esperar al fallo del Supremo al que hemos recurrido en casación», ha expuesto.

En este contexto, Iglesias ha censurado que en escalas de servicios sociales hayan pasado 14 años «sin salir un concurso de traslados»: «Aquí lo que hicieron fue perjudicar y sacar más de 20 plazas de elección de destino en el concurso de traslados para que no pudieran optar a ellas, sobre todo en niveles altos».

La socialista le ha instado a convocar concursos abiertos durante todo el año, como en otros departamentos. De este modo, se ha hecho eco de las reivindicaciones expresadas por funcionarios que se han manifestado este miércoles frente al Parlamento y que han hecho un manifiesto firmado por 600 personas.

«Son las personas que trabajan todos los días con el sufrimiento ajeno y que su Administración ve cómo las maltrata, ve la indiferencia, y, sobre todo, ve cómo su conselleiro –el principal responsable político de la función pública– los maltrata y mira para otro lado», ha expresado.

En contraposición, Corgos ha defendido que esta está siendo «la legislatura de los concursos de traslados» y donde existe una movilidad «sin precedentes». Así, ya existen siete concursos ya resueltos, con 4.165 puestos ofertados y 1.627 adjudicados; y otros ocho en tramitación, con una oferta de 6.800 plazas.

«DEPENDIENTES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA»

Por otra parte, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha cifrado en 3.000 millones de euros la deuda del Gobierno en materia de dependencia con Galicia, donde, solo en el último año, la bajada de la aportación «supuso 250 millones de euros más de deuda».

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Raquel Arias, que le ha cuestionado por el «impacto real» de los recortes de Sánchez para personas dependientes. García ha asegurado que la aportación del Gobierno «está muy lejos» del 50 % que exige la ley.

«Lo peor no es que el Gobierno de España incumpla la ley, sino que cada año vaya bajando poco a poco en su aportación», ha censurado. En concreto, en base a los datos de García, «pasó de asumir el 40 % del coste de la factura en 2023 a reducirlo al 34,9 % en 2024». En 2025, este porcentaje bajó al 32,9 %.

En este sentido, considera que hay una diferencia de trato con el País Vasco, de modo que ha vuelto a referirse al «acuerdo secreto». A su juicio, el Gobierno de Sánchez busca «crear dependientes de primera y de segunda». «Los vascos de primera y los gallegos de segunda», ha expuesto.

Además, ha asegurado que, gracias al Plan de choque –que fue recurrido por el Gobierno central–, Galicia ha reducido los tiempos de espera en dos meses y medio y ha registrado un máximo histórico de personas con prestación, superando las 93.000.

7.000 MILLONES PARA EL PACTO DE VIVIENDA

Asimismo, ante una pregunta del Grupo Popular, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha defendido que el II Pacto de Vivenda de Galicia ha movilizado un total de 7.000 millones de euros de inversión pública y privada. De este conjunto, 2.000 millones son públicos y un 83 % de ellos pertenecen al Gobierno gallego.

En este sentido, ha asegurado que ya están todas convocadas las ayudas que dependen de inversiones autonómicas y ha reprochado al Gobierno central la demora en aprobar el Plan Estatal de Vivienda (con luz verde de esta semana) de cara a disponer de sus fondos. «La ministra dijo que contaba con fuese en el segundo semestre de 2026. Miedo da porque cuando da una fecha, es todo lo contrario», ha ironizado.