El pleno de la Diputación de Lugo ha vivido este martes un intenso debate a raíz de la moción presentada por el Grupo Provincial Popular para impedir que la institución provincial asuma los gastos de defensa jurídica de cargos políticos o personal acusado de delitos sexuales o de actuaciones que vulneren los derechos de las mujeres. Una moción en la que también ha intervenido el expresidente José Tomé y que ha sido rechazada por los votos del Gobierno y el no adscrito.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, ha justificado la iniciativa asegurando que el presidente de la Diputación y alcalde de Monforte, José Tomé, había solicitado que la institución provincial asumiera el coste de su defensa en el procedimiento judicial por un presunto caso de acoso sexual. Según ha indicado, la previsión de gasto ascendería a unos 37.000 euros.

Ameijide ha reclamado al PSOE y al BNG que aclarasen su posición y les ha preguntado si estaban «del lado de los lucenses o si prefieren blindar los intereses particulares de José Tomé». El portavoz popular ha llegado a cuestionar si la supuesta cobertura de esos gastos formaba parte de las condiciones para el apoyo de Tomé a la investidura de la nueva presidenta provincial, Carmela López.

Durante su intervención, el dirigente popular también ha acusado al PSOE de mantener a Tomé al frente de la Alcaldía de Monforte y ha reprochado al BNG «de estar dispuestos a todo por seguir pisando moqueta». Además, ha calificado de «hipocresía» determinadas posturas políticas respecto a otros casos de agresiones sexuales.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Carmela López, ha rechazado de forma tajante las acusaciones del PP y ha asegurado que «es rotundamente falso» que exista acuerdo alguno para sufragar la defensa de José Tomé con fondos públicos. López ha explicado que no existe «ni acuerdo de Junta de Gobierno ni resolución» al respecto y ha señalado que lo único existente es una póliza de seguros de responsabilidad que cubre a todos los diputados provinciales, independientemente de su grupo político.

La presidenta ha insistido en que el PP dispuso de un plazo de diez días para «informarse y pedir más documentos» y ha afirmado que cualquier decisión sobre una posible cobertura correspondería exclusivamente a la compañía aseguradora. Asimismo, ha reprochado a los populares sus continuas «descalificaciones personales» cuando aseguran que es una títere y que José Tomé sigue siendo el presidente en la sombra. Ha concluido asegurando que estaban construyendo un «relato político» basado en acusaciones sin fundamento y mentiras.

Por parte del BNG, el diputado Efrén Castro ha sido igualmente contundente al negar cualquier posibilidad de que la Diputación financie la asistencia jurídica de Tomé. «No hubo ni va a haber acuerdo para pagar asistencia jurídica para un diputado», ha afirmado. Castro ha sido contundente contestando al PP, al que también ha acusado de mentir, sosteniendo que «no hay ni habrá un solo euro de la Diputación que vaya a pagar esta defensa».

El portavoz nacionalista ha asegurado que la moción popular se sustentaba en informaciones falsas y ha criticado que se intentase «embarrar» el debate político con acusaciones sin soporte documental. «Lo único que hay son mentiras», ha señalado, añadiendo que una propuesta basada en esas premisas carecía de validez.

El propio José Tomé ha intervenido para defenderse de las acusaciones. El expresidente provincial ha asegurado que nunca ha solicitado a la Diputación el pago de su defensa y que únicamente comunicó una situación a la que, según ha dicho, «tiene derecho cualquier miembro de la corporación en virtud de la póliza existente».

«No pedí nada a la Diputación, solo comuniqué algo a lo que tengo derecho, igual que usted. La póliza es para todos», ha manifestado. Tomé ha acusado a Ameijide de actuar «con una mente manipuladora que trata de engañar a sabiendas de que lo está haciendo simplemente para sacar rédito político».

Además, se ha mostrado convencido de que el procedimiento judicial concluirá favorablemente para él porque, ha afirmado, es inocente. En ese sentido, ha advertido a los populares de que les exigirá disculpas cuando quede acreditada su inocencia tras las reiteradas acusaciones realizadas en su contra.

La moción popular abrió uno de los debates más tensos de la sesión plenaria y marcó el final de apartado de asuntos del día para pasar al turno de preguntas.