Los grupos parlamentarios del PSOE y del PP se han opuesto este martes a la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el BNG para reclamar la transferencia a la Comunidad de las competencias en materia aeroportuaria.

Lo han hecho aludiendo a la «imposibilidad legal» de esta medida, una actitud que los nacionalistas han criticado acusando a populares y socialistas de tener «una visión raquítica y reduccionista» de los aeropuertos, considerando que «solo sirven para el turismo», y de «poner trabas para que Galicia no avance».

El diputado nacionalista Paulo Ríos ha sido el encargado de defender esta iniciativa en la primera sesión del Pleno del Parlamento gallego, en la que ha aludido al acuerdo entre el Gobierno central y el Vasco para avanzar en la cesión de la gestión de aeropuertos. «Aunque no cumple todas nuestras expectativas, es un comienzo», ha dicho el diputado del BNG.

En su intervención, Ríos Santomé ha criticado que, para la Xunta, «los aeropuertos sean solo un complemento del turismo», dejando, en su opinión, a un lado, cuestiones como la movilidad de la ciudadanía gallega, la intermodalidad o el transporte de mercancías.

Al mismo tiempo, ha asegurado que la acción del Gobierno gallego supone «una declaración total de incompetencia». «No quieren competencias porque saben que son tan inútiles que no van a saber lo que hacer con ellas», ha dicho Paulo Ríos, reivindicando que Galicia es «un país adulto que tiene capacidad y voluntad para gestionar lo nuestro, lo que nos afecta a los gallegos y las gallegas».

UNA «IMPOSIBLIDAD LEGAL»

En su turno de intervención, el diputado socialista Carlos López Font ha rechazado la iniciativa del BNG por la «clara imposibilidad legal» de materializarse, ha argumentado.

Así, y aunque ha criticado que los gobiernos populares de la Xunta hayan «sido incapaces durante 15 años de ampliar las competencias para Galicia», López Font ha advertido que cualquier cambio en relación a los aeropuertos «debe derivarse del marco legal existente», ya que se trata de infraestructuras «estratégicas».

El diputado socialista ha explicado que, si bien la gestión puede «derivarse» a una comunidad, «siempre bajo la supervisión del Estado y dentro de los límites de la ley», la competencia «entendida como titularidad no puede transferirse plenamente en virtud de un simple acuerdo político o administrativo».

Por ello, ha indicado, se trata de una «propuesta imposible de cumplir con la legalidad constitucional» y «aún más imposible de encajar desde el punto de vista económico», al tiempo que ha rechazado que el Gobierno popular de la Xunta, «con su nefasta gestión», pudiese «encargarse de la gestión de los tres aeropuertos gallegos».

López Font ha considerado que la opción «más sensata» en este ámbito pasa por la propuesta socialista de crear una comisión bilateral con el Estado que permita a Galicia «participar de forma efectiva en los procesos de decisión».

INCONSTITUCIONALIDAD

En la misma línea, la diputada del PPdeG Paula Prado ha advertido de que «la gestión directa por parte de las autonomías» de los aeropuertos «es inconstitucional». «Viene usted a vender humo. Esto que piden para Galicia es de imposible cumplimiento, porque es inconstitucional», ha señalado.

Prado ha defendido la postura de la Xunta, que ya anunció un fondo económico para la captación de rutas y ha defendido el «trabajo en red» en la materia. «Necesitamos conexiones aéreas estables, estratégicas y coordinadas, no que la señora Pontón venga a hacer propaganda con los aeropuertos ni que el señor Besteiro se ponga de perfil», ha apostillado.

Al mismo tiempo, Prado ha explicado que el Gobierno gallego «no aceptará ninguna nueva competencia que no venga acompañada de financiación adecuada». «No se trata de acumular competencias al azar, no van al peso», ha ironizado, acusando al BNG de «hacer propaganda con los aeropuertos».

En su intervención, la diputada del PPdeG ha cargado también contra la gestión del Ayuntamiento de Santiago, argumentando que la «bajada de los datos turísticos» esta pasada Semana Santa se debe a la acción del gobierno local, con la tasa turística, la «turismofobia» o la «guerra abierta contra los pisos turísticos». «Lo próximo que pueden pedir es la competencia en ‘fochancas'», ha bromeado.