La Xunta de Galicia ha trasladado a la Comisión Europea (CE) su inquietud ante la reforma del Reglamento General de Costas que está impulsando el Gobierno central ya que, una vez analizado jurídicamente el anteproyecto en tramitación, «concluye que es contrario a derecho, ya que incumple la legislación española», además de «ignorar la opinión de las comunidades autónomas competentes en la materia».

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha aprovechado su viaje institucional a Bruselas para reunirse con varios miembros de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES (DG GROW) de la CE, a los que les entregó un informe sobre el análisis jurídico realizado por la Xunta del anteproyecto de real decreto de modificación del reglamento de Costas que el pasado 9 de marzo salió a información pública.

Tras recordar que el Ejecutivo central justifica la reforma en el expediente de infracción abierto en 2023 por la UE contra España por incumplir la directiva de servicios en relación a las concesiones en el litoral, la conselleira ha pedido el amparo de la CE ya que, a pesar de las «reiteradas solicitudes de información» por parte de la Xunta y de años de «oscurantismo» sobre un asunto en el que Galicia es parte interesada, es ahora cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «acelera al máximo los plazos de tramitación escudándose en Bruselas para que el nuevo reglamento entre en vigor este verano».

En este sentido, la conselleira ha criticado los tiempos del Gobierno central pero también la fórmula elegida, ya que, ha lamentado, «optó por introducir cambios en la legislación vigente que van más allá del dictamen emitido en 2024 por la Comisión Europea en lugar de modificar la ley estatal de costas o hacer una nueva, tal y como exigen las comunidades y la propia CE».

La responsable autonómica ha incidido en que, tras conocer y analizar el contenido del anteproyecto con el que el Ejecutivo central pretende modificar el Reglamento de Costas, «se confirma que la decisión no responde a una exigencia de Bruselas pues, entre otras cuestiones, pretende por iniciativa propia extender la aplicación de la directiva de servicios europea al sector productivo, incluido el complejo mar-industria».

«Esto supondría en la práctica equiparar la situación de una batea o de una conservera con la de un chiringuito de playa cuando son instalaciones totalmente distintas y con sus propias singularidades», ha explicado.

«CAOS SOCIAL Y ECONÓMICO»

En los términos actualmente propuestos por el Ministerio, Ángeles Vázquez ha advertido de que la entrada en vigor del nuevo reglamento supondría un «caos desde el punto de vista social y económico» en España y, en especial, en Galicia, la comunidad con más kilómetros de costa y en la que se estima que «se verían afectados unos 25.000 empleos que dependen de actividades que se desarrollan en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT)».

Además, los cambios, considera la Xunta, «generarían inseguridad jurídica inmediata» para todas aquellas actividades económicas asentadas y con inversiones importantes en esta franja del litoral, con un volumen de facturación estimado en 3.714 millones.

En concreto, la conselleira ha asegurado que esta modificación permitiría «la anulación de prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, la denegación de prórrogas solicitadas y la aplicación, con carácter general, de un régimen más restrictivo a las nuevas concesiones, al tiempo que pretende eliminar la figura de las prórrogas extraordinarias».

De igual modo, ha continuado, «la administración podría cambiar de oficio los títulos de concesión para limitar su duración y abre la puerta a revocar la autorización si el titular no acepta el nuevo plazo».

A modo de ejemplo, ha indicado que tiene constancia de una empresa en O Grove, con 400 trabajadores, que pidió una nueva concesión en 2021 que «lleva años paralizada por el Estado, de forma que, si la reforma sale adelante, no tendría garantizada la continuidad».

SIGUE RECLAMANDO UNA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA SECTORIAL

En todo caso, ha denunciado que «en estos momentos es difícil aún calcular el alcance concreto» que tendrían los cambios propuestos porque el Estado «nunca contó con un registro oficial de las concesiones en la costa» y, casi nueve meses después de hacerse efectivo el traspaso a Galicia de las funciones y servicios para la gestión del litoral, «aún no envió todos los expedientes ni corrigió las deficiencias detectadas en los que ya se recibieron».

Esta actitud por parte del Ministerio, ha afeado la conselleira, es una muestra más de su «deslealtad» con las comunidades con competencias en este ámbito ya que, ha recordado, será la Xunta «la encargada de tramitar las nuevas concesiones y las prórrogas en el DPMT al amparo de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, una norma avalada en su día por el Tribunal Constitucional y que apuesta por la visión integral de la costa desde una triple perspectiva (social, ambiental y económica), en línea con lo que defiende Europa».

Para ahondar en las «prisas» del Ejecutivo central por sacar adelante esta modificación legislativa «por la puerta de atrás y sin participación», la conselleira ha destacado que «no convocó la Conferencia sectorial de Medio Ambiente para abordar este asunto con las comunidades afectadas, una reunión que, de hecho, Galicia sigue reclamando».

Asimismo, ha criticado que, a diferencia de la modificación del Reglamento de Costas propuesta en 2022 «también de forma unilateral y que finalmente no prosperó», el actual anteproyecto «carece de memoria justificativa y de trámite específico de consulta, por lo que no se estudia ni cuantifica su impacto».

Ante esta «falta de transparencia», Ángeles Vázquez ha trasladado a las autoridades comunitarias «la oposición rotunda» de la Xunta ante la modificación tal y como está actualmente propuesta. De hecho, ya ha reclamado que «se suspenda el plazo de alegaciones al anteproyecto ante la existencia de numerosos defectos de forma y la ausencia de información preceptiva e imprescindible para ejercer adecuadamente y de forma bien fundamentada su derecho a participar en la tramitación de la reforma del reglamento».