El BNG y el PSdeG han emplazado a la Xunta a pasar a los «hechos» para frenar la indemnización a la familia del dictador Francisco Franco por el Pazo de Meirás y no quedarse «en titulares» después de que el presidente, Alfonso Rueda, avanzase el lunes que el Gobierno gallego está dispuesto a «seguir de la mano» del Ejecutivo estatal en este proceso judicial.
Todo ello después de que el Gobierno del Estado avanzase su intención de recurrir la sentencia judicial del Tribunal Supremo que, si bien ratifica la propiedad pública del inmueble, reconoce una indemnización a la familia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, subrayó que el Ejecutivo estatal tiene un «posicionamiento claro» sobre este asunto y apuesta por frenar el pago de la indemnización por la apropiación «indebida» hecha por la familia del dictador.
La dirigente socialista, que ha avanzado que su formación preguntará en el pleno a la Xunta sobre este asunto, ha considerado que el Ejecutivo autonómico debe «estar al lado» del Gobierno de España para «defender los intereses de los gallegos y de las gallegas» y que este asunto «no se quede en un mero titular de un día».
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL BNG
Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha sostenido que el Gobierno gallego, además de mostrar esa voluntad de rechazar la indemnización, debe traducir sus declaraciones en «hechos decididos» para defender la memoria histórica y democrática del pueblo gallego.
Sobre este asunto, Rodil ha explicado que su formación ha propuesto al resto de los grupos una declaración institucional para reconocer como «hecho histórico» la recuperación del la titularidad pública del Pazo después de la sentencia.
La declaración incluye un segundo punto en el que se reclama el rechazo del Parlamento de Galicia a la indemnización a la familia Franco al considerar que supondría compensar económicamente a quien «robó, expolió y gozó» durante décadas de un bien público.
Rodil ha apelado al consenso de los grupos parlamentarios y ha recordado que ya en el año 2017 la Cámara aprobó por unanimidad reclamar la recuperación para el patrimonio público del pazo «sin que implique un nuevo coste para el pueblo gallego, que ya lo asumió en 1938».
La propuesta de los nacionalistas también apoya la transferencia a Galicia y pide, entre otras cuestiones, velar por la gestión compartida (Xunta, Gobierno central y Ayuntamiento de Sada), garantizando la participación de la sociedad gallega en la definición de los usos y en la gestión del espacio recuperado, que «debe estar centrado en la recuperación de la memoria histórica y democrática del pueblo gallego».
EL PP, PARTIDARIO DE ESTUDIAR EL RECURSO
Por su parte, preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha mostrado su respecto a las decisiones judiciales y ha sostenido que si lo que pretende la oposición es que se estudie la posibilidad de que se pueda evitar esa indemnización, se podrá llegar a acuerdo. Sin embargo, ha advertido de que no encontrarán al PPdeG si lo que se busca es «llamar a no aceptar un pronunciamiento judicial».
Pazos ha celebrado que el Pazo de Meirás se recupere para el patrimonio público, un logro en el que, conforme ha destacado, el Parlamento de Galicia «tiene que ver mucho y de manera muy significativa» tras el impulso de las iniciativas que dieron lugar a esta decisión.
«Somos muy respetuosos con las decisiones judiciales», ha insistido para asegurar que en este caso hay una parte que «satisface a todos» como es la confirmación del Pazo como patrimonio público pero, otra, «deja un sabor agridulce». Por ello, ha incidido en que están dispuestos a estudiar «si hay posibilidad dentro del ámbito judicial de presentar un recurso bien articulado y con fundamento civil».
