La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó este lunes de «incomprensible» que la sentencia judicial que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado también contemple el derecho de los herederos del dictador Francisco Franco a recibir una indemnización.

Ante esto, ha avanzado que el BNG llevará una declaración institucional al próximo pleno para que el Parlamento gallego «diga alto y claro que hubo mala fe en la ocupación por parte de los Franco».

Pontón expresó el «orgullo» de su formación por la existencia de una resolución firme que, a su juicio, confirma una reivindicación sostenida durante años por el nacionalismo gallego y diversos colectivos sociales: que el inmueble era propiedad del pueblo gallego y que la familia Franco lo ocupaba «de manera ilegítima».

En opinión de la dirigente del Bloque Nacionalista Galego debería ser la familia Franco quien indemnice a la sociedad gallega por haber utilizado el pazo «de manera ilegítima e ilegal durante décadas».

Pontón atribuyó además parte de la situación a la actuación previa del Partido Popular y, en particular, al que fuera presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Según afirmó, un informe elaborado durante su etapa al frente del Ejecutivo autonómico apuntaba a la existencia de «buena fe» en la ocupación del inmueble por parte de la familia Franco y señalaba que durante décadas no reclamaron su titularidad.

Ante este escenario, el BNG aboga por continuar la «batalla política y jurídica» para evitar que se pague cualquier indemnización a los herederos del dictador.

En este sentido, Pontón anunció que su grupo promoverá una declaración institucional en el Parlamento gallego para que la Cámara manifieste que la ocupación del Pazo por parte de la familia Franco se «produjo de mala fe».

La portavoz nacionalista, que hizo estas declaraciones durante un acto oficial de su formación en Pontevedra, defendió que el objetivo final debe ser no solo consolidar la recuperación pública del Pazo de Meirás, sino también impedir que los fondos públicos se destinen a compensar a quienes, a su juicio, «usurparon durante años» un bien que considera patrimonio de la ciudadanía gallega.