La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha defendido este miércoles que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la protección de terrenos donde se iba a instalar Altri se refiere únicamente a un «documento provisional» y que, en cualquier caso, la calificación otorgada «permite» la implantación de proyectos industriales.

«Aunque no afecta a absolutamente nada, cuando hay una sentencia, la acatamos», ha respondido al diputado del BNG, Luis Bará, que ha traído esta cuestión al pleno del Parlamento. El nacionalista, que ha acusado al Gobierno gallego de dar el «cambiazo sin justificarlo», cree que el fallo judicial supone un «jaque mate» al proyecto e implica que la declaración de impacto ambiental (DIA) es «ilegal».

El fallo del TSXG, del 13 de febrero y conocido días después del anuncio del archivo de Altri, dictó que la Consellería debía mantener en su estrategia de infraestructura verde la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón, que, según expuso la acusación –ejercida por la asociación ecologista Adega–, fue suprimida.

En su exposición, Bará recordó que este fue el «único cambio» que se produjo entre 2022 y 2025. «Y casualmente estos terrenos coinciden con los terrenos donde se iba a instalar Altri», puntualizó. En este contexto, preguntó a Vázquez por tres cuestiones (quién lo decidió, qué informes lo avalaron y cuándo sucedió) y, en su siguiente intervención, le reprochó que evitase contestarlas.

«Asuma su responsabilidad y dimita. Pero, antes de hacerlo, responde a las preguntas que le formulamos en el Parlamento», pidió directamente a la conselleira, que recogió con ironía esta afirmación: «Cada que el señor Bará pide mi dimisión, para mí es un elogio».

DOCUMENTO «PROVISIONAL»

En su turno, Vázquez insistió en el carácter «provisional» del documento juzgado, donde aparecen una serie de elementos que luego podrán formar parte de la infraestructura verde «cuando se haga la declaración formal de la estrategia» y sobre el que «habrá más movimientos». «No tenemos infraestructura verde, tenemos una estrategia», recalcó.

«¿Esto influye en la declaración de impacto ambiental? No, no influye», rechazó. También defendió que en las zonas de amortiguamiento están «permitidos» otros usos, así como la implantación de proyectos, como el caso de la fábrica de Altri.

La responsable autonómica ironizó con que el BNG «quiera reactivar» el proyecto y con que «se le terminen los domingos en los que convocaban al personal», en referencia a las movilizaciones masivas de los últimos años: «Ahora que archivamos Altri, hay que revivir Altri». También criticó que, en los últimos tres años, la Consellería recibiese un total de 375 recursos judiciales contra actividades empresariales por parte de «tres organizaciones», entre las que dio a entender que figuraba Adega.

DEL ARTÍCULO 404 AL 205

Durante su cruce de acusaciones, la conselleira y el diputado nacionalista han tirado de artículos del Código Penal. Por su parte, Bará arrancó pidiendo a la conselleira que recordara el artículo 404, sobre inhabilitación especial a un funcionario público en el caso de «dictar una resolución arbitraria» con conocimiento de su «injusticia».

«Usted es quien firmó esa estrategia de infraestructura verde», ha recalcado el nacionalista. Vázquez recogió la crítica aludiendo al 205, que castiga la calumnia, y sumó el 206, que concreta las penas de prisión imputables en el caso de incurrir en este delito.