La Presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha registrado un documento con más de 20 alegaciones contra el anteproyecto de ley de administración local de Galicia y ha advertido de que «debilita» a ayuntamientos y diputaciones «en lugar de reforzarlos».

A través de un comunicado, la institución provincial considera que su escrito, de 25 páginas, «desmonta» la premisa central del anteproyecto, que resume en el propósito «fortalecer el municipalismo»: «En la práctica carga a los ayuntamientos con más deberes sin más recursos, recorta su capacidad de decisión y los somete al control de la Xunta».

Carmela López cree que, si una diputación o un ayuntamiento «debe hacer más con los mismos recursos» o «no puede organizarse como considere más eficiente», «no son entidades locales reforzadas sino debilitadas». En este sentido, reconoce que Galicia necesita «con urgencia» una nueva ley local, pero rechaza esta y pide un «diálogo real».

Las alegaciones aparecen divididas en cinco bloques: el primero aborda las «graves deficiencias procedimentales»; el segundo se centra en las cuestiones que afectan a los municipios y el tercero, en las diputaciones; el cuarto aborda las disposiciones comunes, como el uso de la IA –sobre el que critica que se «impongan» nuevas obligaciones–, y el quinto analiza el régimen financiero, con «propuestas concretas» para modificar el sistema del Fondo de Cooperación Local.

TRÁMITES LEGALES Y «DESAPARICIÓN» DE PARROQUIAS Y COMARCAS

Entre otros, la Diputación denuncia que la Xunta ha «obviado» trámites legales obligatorios en la elaboración de la norma. Advierte de que no hubo consulta pública previa ni se facilitaron las memorias económicas que justifiquen el coste de las nuevas competencias que se les quieren atribuir a los municipios.

Denuncia que «desaparecen» del texto figuras «tan propias» como las parroquias y las comarcas, reconocidas en el Estatuto de Autonomía –«que ni siquiera se menciona en el articulado», apunta–. «Esta omisión es constitucionalmente cuestionable a la luz del mandato estatutario», apunta el documento de alegaciones.

El que más alarma a la institución provincial lucense es lo que afecta directamente a los 313 ayuntamientos gallegos. «La relación de competencias municipales está redactada de forma confusa, sin distinguir el obligatorio del voluntario, y con omisiones tan graves como los servicios sociales», señala.

La Diputación pide además que se suprima el artículo 15, que permite a los ayuntamientos delegar sus competencias en las diputaciones, ya que «los municipios más pequeños y peor financiados podrían acabar vacíos de funciones y reducidos a poco más que un nombre en el mapa».

RETO DEMOGRÁFICO

Otro de los aspectos en los que la Diputación de Lugo pone el foco es en el tratamiento de los municipios en situación de reto demográfico y cree que «merece un juicio especialmente contundente». De su análisis deduce que los criterios del anteproyecto «son tan restrictivos que dejarían fuera más de la mitad de los ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes».

«Las medidas de apoyo previstas no pasan de declaraciones de intenciones, sin compromisos concretos ni dotaciones presupuestarias», indica sobre este asunto y, a continuación, califica de «papel mojado» la referencia al Pacto Local de 2006. Además, la Diputación también rechaza las fusiones obligatorias de municipios y pide que, como mínimo, se exija un referéndum.

Al respecto de las propias diputaciones, el documento denuncia que el anteproyecto les impone «nuevos deberes» –como la asistencia a todos los ayuntamientos o la defensa jurídica de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes– sin prever «ni un euro nuevo» para financiarlas. Esto, a su juicio, «equivale a vaciar la autonomía local».