El Bloque Nacionalista Gallego ha traído este miércoles al Parlamento de Galicia una interpelación sobre la actualización de la Ley de Inclusión Social de Galicia, anunciada por la Xunta en diciembre de 2020 pero que todavía no se ha ejecutado, y que la responsable de Política Social ha apelado a hacer «con rigor» y con «voluntad de permanencia», aunque sin detallar el estado en el que se encuentra este proyecto.

En todo caso, la conselleira, Fabiola García, ha asegurado que en Galicia «se está apoyando a todos los hogares que tienen dificultades» y, como ejemplo, ha mencionado todos los indicadores en los que la Comunidad ha mejorado en este ámbito, algo que también ha reconocido la propia Rodil.

En el inicio de su interpelación, Olaia Rodil ha recordado que en diciembre de 2020 la Xunta anunciaba «que iniciaba los trabajos» para renovar la Ley de Inclusión Social de Galicia pero que, más de cinco años después, la Comunidad «sigue con la misma ley». «Mucha propaganda, pero hechos cero», ha lamentado.

Así, la diputada ha repasado las respuestas orales y escritas dadas en este periodo por el Gobierno gallego para ejemplificar que durante los años 2021, 2022 y 2023 se indicaba que «la reforma estaba acabada», mientras que en 2024, 2025 y lo que ha transcurrido de 2026 «empiezan a decirnos que tampoco hace tanta falta», dada «la compatibilidad» entre las rentas de inclusión Risga e IMV.

En este sentido, Olaia Rodil ha criticado que la Xunta se escude en la «compatibilidad de ya existe entre la Risga y el IMV», algo que ocurre, ha denunciado, «siempre que te mantengas por debajo de los 429 euros al mes». «¿Usted viviría con eso? ¿Somos capaces, las personas que estamos dentro de este arco parlamentario de vivir con menos de 429 euros al mes en este país?», ha cuestionado.

La diputada ha acusado a la Xunta de mantener a Galicia «con una normativa extemporánea» y que «no se ha adaptado a los cambios normativos», principalmente el Ingreso Mínimo Vital. «Galicia cuenta con una ley que no se ajusta a la realidad ni a las necesidades de los gallegos», ha dicho la nacionalista, que ha reclamado adaptar este marco normativo «con urgencia».

Aunque Galicia «ha avanzado mucho» en materia social, ha reconocido Rodil, «persiste mucha desigualdad», principalmente derivada de la situación de la vivienda, que «se ha convertido en el gran dilapidador de recursos» para las familias.

«Galicia redujo todos los índices de pobreza y exclusión social a los mínimos de la década, pero eso no significa que no persista la desigualdad o que esta no haya adquirido dimensiones diferentes», ha apuntado la representante del BNG.

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONSOLIDADO

Frente a estas reclamaciones, la conselleira Fabiola García ha argumentado que Galicia es «una de las comunidades mejor valoradas a nivel nacional» en el ámbito social, donde «cuenta con un sistema de protección consolidado».

«La inclusión social se mide cada día con hechos», ha añadido la conselleira, poniendo en valor cuestiones como la red pública de servicios, «que llega al rural», los programa específicos para colectivos vulnerables o la Risga, que «se ha blindado en los últimos años».

Para Fabiola García, «convertir los retos» existentes en «un relato catastrofista es injusto y es poco riguroso» y «no aprobar por el momento la modificación de la Ley de Inclusión no significa que no se esté apoyando a todos los hogares que tienen más dificultades». «Tenga por seguro, señora Rodil, que las necesidades de los gallegos están atendidas en estos momentos», ha añadido.

RECLAMACIONES A SÁNCHEZ

La conselleira ha señalado que la actualización de la legislación» en relación a la inclusión social «debe de hacerse con rigor» y «con voluntad de permanencia» y ha pedido a los nacionalistas que le «ayuden» a «continuar reclamándole al Gobierno del señor Pedro Sánchez» la cesión a Galicia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

«Creemos que la gestión de las prestaciones de la Risga y del IMV a través de un canal único es la forma más fácil y más ágil de darle respuesta a todas esas personas que necesitan nuestra ayuda», ha subrayado.

Además, García también ha exigido que el Gobierno del Estado abone a Galicia «de forma inmediata esos 2,9 millones de euros que nos deben de la factura de la dependencia» y, en tercer lugar, «que retiren de forma inmediata el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan de choque de la dependencia, porque lo único que pretenden es paralizar todas las valoraciones»