El director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio, José María Barreiro, ha presentado en el Parlamento la actualización del plan de mejora de la calidad de los servicios públicos para el periodo 2026-2027, con el que se busca un acceso de la ciudadanía «más personalizado, amigable y proactivo».

Este plan, que se estructura sobre 10 ejes, cuenta con objetivos como reducir 90 procedimientos burocrático entre 130 analizados, además de avanzar en «rendición de cuentas» y transparencia, con la elaboración de un plan de medidas antifraude de la Xunta.

En la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, Barreiro ha defendido el «compromiso sólido» de la Xunta con la mejora de servicios públicos, ya que «todas estas acciones tienen un impacto directo en la vida de la ciudadanía».

Simplificación burocrática, digitalización de procesos administrativos, trabajo «por objetivos» de funcionarios, facilitar una lectura «clara» en el 80% de los procesos administrativos, así como más servicios sin solicitud previa son algunos de los fines que se persiguen.

También ha puesto el foco el director xeral en la necesidad de «extender» las encuestas de satisfacción y proceso participativo de la ciudadanía en la toma de decisiones para la mejora de servicios.

«COPIA Y PEGA»

Enfrente, la diputada socialista Patricia Iglesias ha reducido este plan a un «copia y pega» del anterior 2021-23. Lamenta un mero texto «continuista», sin «ni una sola evaluación crítica» acerca de tiempos de respuesta o falta de personal. Pone de ejemplo las «disparadas» listas de espera sanitarias o un sistema de dependencia «desbordado».

A renglón seguido, Óscar Ínsua (BNG) ha criticado que este plan no hace referencia a «nada» de reducción de tiempos de respuesta en materia de política social o sanidad. También reprueba que se basó en una encuesta en la que participaron solo «30 personas», que «no es representativa» e «invalida» cualquier conclusión.

Mientras, Cristina Sanz (PP) ha aplaudido el «buen trabajo realizado» por la Xunta debido a la «importancia que se merece la simplificación administrativa» y su «mejora continua».

Armando Ojea (Democracia Ourense) ha valorado la «intención» de que «se simplifiquen» trámites y que la administración sea «lo más transparente posible».

EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS

En otro orden de cosas en esta comisión, la diputada socialista Patricia Iglesias ha criticado unos resultados de ejecución «bajos» de fondos europeos por parte de la Xunta.

En su intervención en una pregunta se ha valido de datos del Consello de Contas para censurar una «inejecución crónica» de fondos europeos por debajo del 50%. Sostiene que «5,5 euros de cada 10 quedan sin gastar». Achaca esto a «perpetuar un funcionamiento de mala gestión interna» del Gobierno gallego y a «falta de personal técnico».

El director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Luis Tarrío, ha indicado que a la hora de hablar de ejecución de fondos europeos se debe abordar «la dimensión temporal de los mismos». Expone que los relativos al periodo plurianual 2021-27 se podrán ejecutar hasta 2029 o 2030, por lo que considera que Contas tan solo se centra en «analizar un ejercicio concreto».

Tarrío subraya que la Xunta «cumple» con la ejecución de los fondos europeos que llegan. Y en relación con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) recuerda que la ejecución está en torno a los 1.120 millones de más de 1.600, además de tener comprometidas «el 88%» de estas partidas.