El BNG ha registrado iniciativas en las Cortes del Estado en las que alerta al Gobierno del riesgo de las lluvias en las zonas quemadas por los incendios forestales y reclama actuaciones urgentes.

En concreto, el Bloque demanda información concreta, plazos definidos y coordinación institucional efectiva sobre las actuaciones de restauración hidrológico-forestal anunciadas tras los grandes incendios de verano de 2025 en Galicia.

Los nacionalistas recuerdan que el Consejo de Ministros del pasado 7 de enero aprobó la declaración de emergencia para la ejecución de los trabajos de restauración en las zonas afectadas por los incendios de Chandrexa I, II y III, A Mezquita I y II y Oímbra I y II.

Sin embargo, el Bloque denuncia que, a día de hoy, el anuncio sigue sin traducirse en explicaciones detalladas sobre el contenido real de las actuaciones ni sobre su calendario de ejecución.

La senadora del BNG, Carme da Silva, reclama de nuevo que el Ministerio para la Transición Ecológica explique «con claridad» en qué consisten las actuaciones declaradas de emergencia, qué tipo de trabajos hidrológicos y forestales se van a desarrollar y con qué criterios técnicos se priorizan las zonas de intervención.

«El contexto actual de lluvias intensas en Galicia hace aún más urgente actuar», advierte da Silva, que señala que «la ausencia de medidas inmediatas incrementa el riesgo de erosión severa, pérdida de suelo fértil y arrastre de cenizas y sedimentos hacia los ríos, con impactos directos sobre los ecosistemas fluviales y sobre la seguridad de las poblaciones».

La senadora exige información concreta y desagregada sobre los trabajos previstos en los ayuntamientos de A Mezquita, Chandrexa de Queixa y Oímbra, así como el inicio inmediato de las actuaciones anunciadas.

Asimismo, demanda que el Gobierno amplíe las actuaciones a otras zonas de la cuenca de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que también sufrieron incendios y que la restauración no se limite a intervenciones puntuales.

Además, subraya que estas acciones deben estar «plenamente coordinadas» con la Xunta y los ayuntamientosa afectados.