El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido un papel activo del Gobierno del Estado para garantizar la continuidad del Grupo Losán, el mantenimiento de la actividad industrial y la defensa de los puestos de trabajo en las fábricas de Curtis y Vilasantar.

Según ha informado el Bloque en un comunicado, Rego ha pedido la implicación directa de la SEPI en el diseño y ejecución de un plan de viabilidad tras los recursos públicos aportados a la empresa en los últimos años.

Rego ha recordado que el pasado 15 de enero el personal de Grupo Losán protagonizó una movilización ante la falta de pago de las nóminas, una protesta que contó con el apoyo de ayuntamientos, alcaldías, asociaciones y vecinos de las comarca, dada la relevancia estratégica de la empresa que, según ha indicado, es la segunda mayor maderera gallega por volumen de ingresos.

«Estamos hablando de una compañía clave para el tejido productivo y el empleo en la comarca, cuya situación actual es consecuencia de una gestión irresponsable y de una alarmante pasividad institucional», ha afirmado Rego.

El diputado nacionalista ha señalado que «resulta especialmente grave» que el grupo iniciase EREs y recortes de personal apenas cuatro años después de recibir 35 millones de euros de la SEPI a través del fondo de solvencia post-covid, aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021.

«Losán cerró el ejercicio 2022 con una facturación superior a lso 343 millones de euros y con beneficios, por lo que no se entiende que, pese a las aportaciones públicas de la SEPI, del IGAPE y los avales del ICO, se llegase a esta situación limite», ha indicado.

Además, ha denunciado que la reestructuración de la deuda, próxima a los 200 millones, negociada a lo largo de 2024 no se ejecutó conforme a lo pactado, agravando la crisis económica de la empresa, provocando despidos colectivos y poniendo en riesgo la continuidad de la actividad industrial.

«El resultado es que hoy casi 200 trabajadores y trabajadoras llevan meses sin cobrar, con varias nóminas, la paga extra y la actualización salarial pendientes, lo que lo sitúa en una situación social absolutamente insostenible», ha advertido el diputado del BNG.

Asimismo, ha alertado también del riesgo de deterioro «irreversible» del proyecto industrial: «Cada salida forzada implica perder conocimiento, experiencia técnica y capital humano construido durante décadas», ha afirmado para señalar que «cada semana de retraso acerca un escenario de desmantelamiento silencioso de las fábricas».

Ante esta situación, el BNG exige al Gobierno del Estado que reconozca la gravedad de la situación, que mantenga contactos directos con la empresa y con el comité y que actué con responsabilidad en coherencia con las inversiones públicas realizadas. «El Gobierno debe implicarse de forma efectiva, exigir el mantenimiento de la actividad y del empleo y supervisar un verdadero plan de viabilidad», defiende Rego.

En este sentido, el diputado también defiende que la SEPI participe activamente en este plan y que se valore su incorporación al capital de la empresa. «No tiene sentido inyectar millones de euros de dinero público a fondo perdido y no asumir ninguna responsabilidad sobre el futuro de la empresa y del empleo», ha asegurado.

Asimismo, pide transparencia sobre los posibles inversores interesados y coordinación con la Xunta para garantizar una solución industrial sólida y a largo plazo.