La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado la gestión de la Xunta, un «caos legislativo», tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra varios artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos de 2025, lo que supone la suspensión inmediata de la nueva normativa autonómica recurrida en materia de energía eólica y dependencia.

Atendiendo a las preguntas de los periodistas durante una comparecencia en Pontevedra, Pontón defendió el autogobierno gallego, pero fue especialmente crítica con el Ejecutivo del Partido Popular, al que responsabilizó del conflicto jurídico abierto. «El BNG somos una fuerza política que cree que nuestro autogobierno no debe estar limitado por Madrid», por lo que aseguró que: «Vamos a defender siempre los intereses de los gallegos y de las gallegas», afirmó.

Con todo, recordó que el recurso se apoya en el mismo marco legal que defiende el PP. «La acción que se está aplicando es el marco legal que defiende el Partido Popular y luego se queja porque lo aplican», añadió.

Para la líder nacionalista, el problema va más allá de la actuación del Constitucional y responde a una mala gestión normativa por parte de la Xunta. En el ámbito de la energía eólica, denunció que el Gobierno gallego «está creando un auténtico caos legislativo» que genera «más inseguridad jurídica» en el país.

A su juicio, la política energética del PP no está orientada al interés general, sino a beneficiar a intereses privados. «En vez de poner la energía eólica al servicio de los gallegos y de las gallegas, lo que está haciendo el gobierno es trabajar para el ‘lobby’ eólico», sostuvo.

Ana Pontón también se refirió a la suspensión del artículo que permitía reconocer automáticamente un grado de discapacidad a las personas con dependencia. Recuerda que el BNG ya había advertido de los riesgos de esta regulación. «Lo que hacía esa normativa era perder derechos a los usuarios», asegura, en una crítica que compartían, según indicó, los colegios profesionales del ámbito social.

La portavoz nacionalista subraya que la norma «no era ni legal, ni positiva», y alerta de que en algunos casos provocó la pérdida de derechos al no existir «una evaluación real» de la situación de cada persona. Insiste en que dependencia y discapacidad «son dos cosas diferentes» y que equipararlas de forma automática podía perjudicar a los afectados.

En este contexto, Pontón concluye que el problema de fondo es un Gobierno gallego incapaz de dar una respuesta adecuada a las necesidades sociales. «Tenemos un gobierno que no es capaz de atender a los problemas reales de la dependencia y que busca fórmulas que crean más problemas donde no los había», afirma, de modo culpa a la Xunta de la responsabilidad política de la situación generada tras la decisión del Tribunal Constitucional.