La dirección federal del Partido Socialista ha ratificado en la tarde de este lunes a la alcaldesa de Burela, Carmela López, como candidata socialista a la Presidencia de la Diputación de Lugo; mientras que el PP ha vuelto a criticar lo que califica como un «pacto de la vergüenza» entre socialistas y nacionalistas tras la denuncia por supuesto acoso sexual presentada en el canal interno del PSOE contra el que era presidente, José Tomé –suspendido de la militancia socialista–.

Los tres partidos políticos con representación en la Diputación provincial de Lugo ultiman los preparativos de cara a la celebración este miércoles, a las 12.00 horas, del pleno extraordinario en el que se elegirá al nuevo presidente o presidenta del organismo tras la dimisión de José Tomé en diciembre.

Este lunes fuentes socialistas han señalado que Ferraz avala la elección realizada por la gestora del PSOE Lugo en los primeros días del año, lo que dio pie al inicio de las conversaciones con el BNG, que se cerrarán esta tarde de lunes.

Aunque falta una confirmación final, la intención de ambos partidos es continuar con el pacto de Gobierno que les permitiría conservar el poder provincial frente al partido con mayor número de votos, el PP. Y para ello necesitarán ambos el sí también de José Tomé, ahora diputado no adscrito tras su salida de las siglas del PSOE.

Por su parte, los diputados del Grupo Provincial Popular han aprovechado este lunes, a dos días de la celebración del pleno, para reivindicar un cambio de aires en el Gobierno provincial, «un nuevo tiempo, aire fresco y dejar fuera conductas reprobables». Para ello, han confirmado que presentarán candidatura, encabezada por el mismo Antonio Ameijide, contra la de la socialista Carmela López, que tendrá que contar con los votos socialistas, con el de Tomé y con los del BNG para reeditar la mayoría.

Rodeado de todos los diputados populares, su portavoz, Antonio Ameijide, ha asegurado que la reedición de un acuerdo entre PSOE y BNG supondría, a su juicio, «sellar el pacto de la vergüenza» y mantener una situación de gobierno «condicionada por conflictos internos y decisiones tomadas en la sombra». Ha afirmado que José Tomé sigue al frente de las decisiones provinciales, «con reuniones en cafeterías en lugar de en despachos».

Ameijide ha hecho un balance de la crisis registrada desde primeros de diciembre, asegurando que el PSOE pasó de no saber nada a llamar a Tomé acosador, «ofreciendo hasta cuatro versiones diferentes de lo que había pasado». Ha insistido en que Pilar García Porto lo sabía, «pero no hizo nada hasta que se hizo público» y ha culpado a los socialistas de que le permitan continuar al frente del Ayuntamiento de Monforte.

Ameijide ha sido muy crítico con los convenios firmados con los distintos ayuntamientos recordando que se destinaron 15.892.432,45 euros a un total de 94, de los cuales solo 40.000 euros correspondieron a un ayuntamiento gobernado por el PP y el resto eran todos para el PSOE, BNG e Independientes. Ha calificado esto como de «compra de voluntades» y de «sectarismo».

El portavoz popular ha criticado que el reparto de los fondos provinciales no responde ni a las necesidades reales ni a criterios de población, sino a la afinidad política y personal de los gobiernos locales. En este sentido, ha acusado a PSOE y BNG de utilizar la Diputación como «chequera» para mantener alcaldías y alimentar luchas internas, sin que ello se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía ni para el conjunto de la provincia.

ACUSACIONES CONTRA EL BNG

El portavoz del PP ha sido muy claro en su crítica contra el PSOE pero también contra el BNG, al que ha acusado de ser cómplice «de un acosador sexual y de una encubridora». Ha criticado que «mientras no asistía a las juntas de gobierno porque estaba Tomé, se dedicaba a arreglar los convenios por detrás».

Así, ha explicado que en la última Junta de Gobierno de la Diputación, celebrada el 30 de diciembre, una hora antes de la dimisión de Tomé, se aprobaron más de 1,6 millones de euros destinados a ayuntamientos con presencia del BNG o a áreas gestionadas por esta formación.

Ameijide ha interpretado esta decisión como una muestra de que, mientras públicamente se escenificaban desacuerdos, «los pactos millonarios se cerraban en los despachos».

En este punto, el responsable nacionalista, Efrén Castro, ha insistido en el «carroñerismo político» del Partido Popular, acusando a Ameijide de «desconocer la gestión provincial», ya que, como ha asegurado, estos convenios se pactaron en las últimas semanas ni se hicieron de un día para otro. «No hubo ninguna negociación, fue el funcionamiento normal del Gobierno», ha concluido.

Finalmente, el Grupo Provincial Popular ha advertido de que, si no se produce un cambio real en el gobierno de la Diputación, continuará una etapa marcada por el sectarismo y la falta de igualdad entre ayuntamientos, insistiendo en que la provincia necesita un nuevo rumbo político centrado en los intereses generales de la ciudadanía.