La diputada y portavoz de Cultura del BNG en el Parlamento, Mercedes Queixas, ha asegurado que la decisión de la Xunta de delegar en los ayuntamientos la supervisión del patrimonio es un avance en el proceso de «liquidación de la identidad cultural» de Galicia.

Así lo ha hecho este viernes en rueda de prensa, donde ha señalado que esta modificación «no solo desprotege el patrimonio de Galicia», sino que también transfiere la responsabilidad a los ayuntamientos, «la mayoría de ellos sin recursos ni personal cualificado para informar de las intervenciones en los ámbitos protegidos».

«El PPdeG acaba de renunciar a gestionar las competencias exclusivas que son propias para seguir dando un nuevo paso adelante en la desprotección del patrimonio cultural de los gallegos», ha incidido.

Queixas ha apuntado que, con esto, el Ejecutivo gallego «descarga en los ayuntamientos» la delegación de competencias a la hora de autorizar las intervenciones que son necesarias realizar en los bienes catalogados con protección estructural y ambiental, así como en los entornos de protección y en las zona de amortecimiento de estos bienes.

A renglón seguido, ha puntualizado que la ley, que entró en vigor el día 1 de enero, representa un «retroceso grave» para la protección del patrimonio gallego, ya que, a partir de ahora, en cualquier intervención en cerca de los «90% de los bienes catalogados con protección, se eliminará la autorización previa de la Xunta».

Para el BNG esta medida «beneficia a los intereses ajenos» al patrimonio gallego y «no a la sociedad». En este sentido, ha ejemplificado que el PPdeG colocó «en primer plano la protección de los intereses del lobby eléctrico, pastero y minero, facilitando la depredación del patrimonio arqueológico de los montes gallego o poniendo en riesgo Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad con la evaluación patrimonial positiva para la instalación de Altri».

Queixas también ha criticado la falta de consulta previa tanto a los ayuntamientos como a las diferentes voces autorizadas de la gestión patrimonial que «rechazan esta ley y demandan su suspensión».

En este contexto, ha indicado que la «renuncia» de la Xunta a ejercer competencias exclusivas en esta materia, «se puede comprobar año tras año en el recorte presupuestario, que hace que la cuantía sea prácticamente la misma que la de 2009, que es de 22 millones de euros».

Finalmente, la portavoz de Cultura del BNG ha recordado que los populares «vetaron» la petición de que compareciese el director xeral de Patrimonio Cultural en el Parlamento de Galicia.

«El BNG seguirá trabajando con la sociedad gallega para que la Xunta rectifique y no siga avanzando en un sentido opuesto al de las obligaciones de conservación que le son propias y que pueden poner en riesgo de pérdida, destrucción o deterioro irreversible de muchos de los bienes protegidos que integran el patrimonio cultural de Galicia», ha sentenciado.