El BNG ha reclamado a la Xunta de Galicia que asuma la «gestión directa y 100% pública» de la nueva residencia de mayores ubicada en el barrio de O Bertón, en Ferrol, construida por la Fundación Amancio Ortega.

La formación advierte que la pretensión del Gobierno gallego de gestionarla mediante una concesión a una empresa privada es un modelo «más que comprobado» de malas condiciones de servicio y precariedad laboral.

Desde las inmediaciones del nuevo centro, el diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, Ramón Fernández, ha alertado de la «grave» necesidad de plazas en la comarca de Ferrol, donde la ratio de camas por persona mayor se sitúa por debajo de la media gallega y a la mitad de lo recomendado por instituciones internacionales.

Fernández ha criticado duramente el sistema de gestión privada, aludiendo a recientes problemas en la comunidad. «Acabamos de ver cómo Política Social de la Xunta tuvo que cerrar dos casas de mayores en Amoeiro y Xinzo de Limia», ambas en la provincia de Ourense, «o cómo se daba un brote de sarna en Monforte de Lemos» (Lugo).

CONDICIONES LABORALES

El diputado nacionalista vinculó directamente la calidad del servicio con las condiciones laborales, afirmando que el modelo de concesión se basa en la «precariedad de las personas trabajadoras». Citó que muchas trabajadoras de residencias llevan movilizándose desde finales de 2024 debido a que sus salarios, en muchos casos, «no llegan al salario mínimo interprofesional (SMI)».

«Tenemos a una Xunta que se desmarca completamente de las condiciones de trabajo de las trabajadoras, pero que sigue engordando la nómina de las grandes empresas concesionarias», como DomusVi, criticó Fernández, insistiendo en que «no hay ningún motivo» por el cual la Xunta no deba gestionar la residencia con medios directos.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG en Ferrol, Iván Rivas, enfatizó que la ciudad posee uno de los niveles de población envejecida «más altos de todo el país». Rivas lamentó que, en este contexto de alta demanda y largos trámites de dependencia, que sobrepasan el año de resolución, las residencias públicas se limiten a la existente de una en Caranza, siendo el resto de gestión privada.

Rivas denunció que la gestión privada supone un «coste exorbitado» para los usuarios, haciendo que el acceso al servicio sea «prohibitivo e inaccesible para muchas de ellas».

El BNG reclama que la Xunta «no desaproveche las oportunidades» y garantice, mediante la gestión pública, un servicio «eficaz» y accesible a todas las personas mayores que lo necesiten.

«Llegamos a esta residencia que a día de hoy continúa sin ser habitada para reclamar y reivindicar que, por parte de la Xunta de Galicia, se asuma la gestión propia de este tipo de centros», concluyó Rivas.