Los grupos del BNG y el PSdeG han demandado medidas urgentes frente al «colapso» que, han argumentado a través de sendas mociones en el Parlamento gallego, existe en la sanidad pública, algo que desde las filas del PP se ha rechazado. «Menos ruido y menos alarmas fabricadas», ha aseverado la diputada popular Encarnación Amigo.

Ni la moción del BNG sobre la Atención Primaria ni la del PSdeG sobre actuaciones para reducir las listas de espera han salido adelante tras los votos en contra del PP. Lo mismo ha ocurrido con otra de los nacionalistas sobre la situación de las residencias para mayores y en la que se demandaba que se remitan al Parlamento gallego las actas de las inspecciones.

En la relativa a la sanidad pública, la diputada Iria Carreira ha planteado una moción reclamando actuaciones en Atención Primaria. «Siguen negando la mayor», ha aseverado después de que desde el PP se culpase al Gobierno central de la falta de facultativos. «Cuántas plazas dejó de convocar el PP antes de 2018», ha planteado.

«En muchos centros de salud hay entre una y tres semanas de demora», ha sentenciado, a su vez, la parlamentaria socialista Elena Espinosa, sumándose a las críticas desde el BNG y para insistir en la existencia de una «sobrecarga».

MÁS FACULTATIVOS

«Necesitamos más plazas MIR», ha aseverado la diputada del PP María Encarnación Amigo, para quien esa es «la clave». «El resto son slogans», ha dicho para calificar de «relato apocalíptico» el discurso desde la oposición. Tanto a PSOE como a BNG les ha instado, además, a trabajar para evitar la huelga de médicos convocada para los próximos días.

Además, ha asegurado que «más del 60% de las citas» en Atención Primaria se dan «en cuatro días». «Y si tuvieramos más profesionales podríamos mejorarlas», ha añadido.

En la moción socialista sobre las estrategias previstas por el Gobierno gallego para reducir las listas de espera, se ha mantenido el cruce de reproches. «Fue Rajoy quien no sacó las plazas MIR», ha replicado Elena Espinosa a la parlamentaria del PP. «Pedimos medidas concretas para rebajar las listas de espera y también algo tan básico como transparencia, no hay un plan serio para recuperar la actividad y no cumple Rueda las promesas», ha insistido.

«La convocatoria de huelga está más que justificada», ha sostenido, a su vez, la diputada del BNG Montserrat Prado, quien ha instado a la Xunta a «dejar de mentir». «360.000 personas en lista de espera, el presupuesto del Sergas crece por debajo del conjunto de la sanidad», ha añadido.

Encarnación Amigo (PPdeG) ha negado, por su parte, que exista un «colapso». «Estamos entre las mejores comunidades», ha sentenciado al defender la situación en Galicia. «Solo el 4,2% espera más de seis meses», ha insistido para reivindicar este dato frente al porcentaje estatal.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Todo ello en un pleno en el que el BNG ha demandado, a través de su diputada Olalla Rodil, que se remita información al Parlamento gallego sobre las inspecciones en residencias, así como más medios para el control de las mismas.

«El PP oculta información para proteger a las empresas, no puede ser que cierren dos en un mes y con personas desnutridas», ha sentenciado en relación a los últimos casos en la provincia de Ourense. «La Xunta tiene la obligación de velar por sus derechos», ha manifestado sobre los residentes en las mismas.

Advirtiendo al PPdeG que no pararan de presentar iniciativas, ha demandado, entre otras cuestiones, que las actas de inspección sean públicas y accesibles e incrementar las medidas de control.

«Hay que aumentar los profesionales», ha defendido, a su vez, Armando Ojea, de Democracia Ourensana. «No hay política social digna sin control público real», ha remarcado, a su vez, la diputada socialista Silvia Longueira.

Mientras, la diputada del PP Raquel Arias ha asegurado que la situación de Amoeiro se detectó por una inspección de la Consellería de Política Social no por Inspección de Trabajo. «El BNG lo que quiere es fiscalizar, quiere controlar los centros de mayores, quieren tener una sede de la CIG en cada residencia», ha sentenciado para afirmar que existe un recorte de fondos por parte del Gobierno central.