La portavoz de Política Social del BNG, Olalla Rodil, ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de «vetar» al Parlamento las actas e informes de las residencias clausuradas en Amoeiro y Xinzo de Limia, así como las que corresponden a la de DomusVi de Monforte, y ha propuesto que esta documentación sea pública.

«No puede ser que en este país cierren dos residencias de mayores en las que había personas desnutridas y sin asear y que no se permita saber qué vieron los inspectores de Política Social en esos centros», ha censurado en una rueda de prensa ofrecida este lunes.

Para la viceportavoz parlamentaria del BNG resulta «evidente» que el PP «está ocultando y manipulando información» y que «protege más a las empresas que los derechos de las personas usuarias».

En este sentido, Olalla Rodil ha acusado al Gobierno gallego de remitirle al Bloque «información falsa» que «ni siquiera coincide de unas respuestas a otras».

A este respecto, según ha explicado, la información remitida por la Xunta entre 2017 y 2020 habla de que se realizaron 757 visitas, incoándose 38 expedientes e imponiéndose 16 sanciones firmes. Sin embargo, señala que en un listado remitido al BNG por otra vía, se informan de 1.144 inspecciones y 39 sanciones firmes en el mismo periodo de tiempo.

Rodil ha asegurado que, entre los años 2019 y 2024 –según los datos de la conselleira de Política Social, Fabiola García, en el último pleno–, se resolvieron 430 expedientes. Mientras, a través de una respuesta escrita, se informa de 476 expedientes firmes, 46 más, sin incluir el último de 2024, dos apuntados por la política del PP.

«Es una feria de cifras», ha afirmado Rodil, que ha añadido que «detrás de esto hay toda una serie de artimañas por parte del PP para ocultar lo que ocurre en las residencias de mayores de Galicia». En el mismo sentido, ha asegurado que el Gobierno de Rueda veta al BNG y a la sociedad gallega en las actas de inspección porque «quieren ocultar la realidad».

La parlamentaria del BNG ha contrapuesto el «oscurantismo» que quiere «imponer» el Ejecutivo de Rueda sobre la situación de las residencias gallegas con las propuestas para «dar luz donde el PP solo quiere imponer sombra» que la formación llevará a través de una moción al pleno de esta semana.

RECLAMACIONES Y PROPUESTAS DEL BNG

En primer lugar, demandará que se remitan de forma inmediata las actas y los informes de inspección de las residencias de Amoeiro (que fue inspeccionada por Política Social el 8 de septiembre y clausurada el 2 de octubre después de una inspección de trabajo) y de Xinzo de Limia. «La obligación de la Administración pública es la de velar por los derechos fundamentales de las personas usuarias», ha recriminado Rodil.

En segundo lugar, el BNG propone que las actas de inspecciones ordinarias sean públicas y accesibles por ley a través del Portal de Transparencia de la Xunta, al igual que ocurre en Navarra, «donde publican de forma ordinaria los informes de las inspecciones que se realizan en todos los centros de servicios sociales».

Por último, el BNG ha pedido que se obligue a la residencia, pública o privada, a colgar en la puerta de los centros un documento que sintetice la puntuación obtenida por cada residencia en las inspecciones en materias «tan importantes y tan sensibles» como el cumplimiento de las ratios de personal, una alimentación nutritiva y saludable o la existencia de apoyos para la vida diaria y la atención especializada de las personas con enfermedades neurodegenerativas, como «se hace en Alemania».

«En el BNG tenemos claro que los más importante son los derechos de las personas usuarias y el cumplimiento de la ley», ha señalado Rodil, que ha asegurado que, con esta «ocultación», el PP lo que pretende es «proteger más los intereses de las empresas que de las personas las usuarias de estos centros».

La diputada nacionalista ha concluido emplazando a la Consellería de Política Social a velar por el «bienesyar» de los usuarios y usuarias de la residencia de As Gándaras de Lugo, gestionada por la Administración gallega, donde, según ha denunciado, «no se están garantizando los derechos básicos ni la intimidad de las personas mientras se realizan obras de reforma».