El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad declarar idónea a Teresa Peramato para ejercer como fiscal general del Estado, tras la salida de Álvaro García Ortiz por su condena en el Tribunal Supremo (TS), el único candidato al que el órgano de gobierno de los jueces declaró «no idóneo» para el cargo.
Así lo ha acordado el CGPJ en un Pleno extraordinario que ha comenzado a las 12.00 horas con el único cometido de despachar el informe requerido legalmente para poder nombrar al jefe del Ministerio Público, donde debe examinar si el candidato propuesto por el Gobierno cumple los requisitos legales: ser un jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia.
Según las fuentes del CGPJ consultadas Europa Press, los vocales no han observado ningún inconveniente en la aspirante elegida por el Ejecutivo, resolviendo el asunto en apenas quince minutos con unanimidad de los presentes, ya que un vocal no ha podido participar.
El informe del Consejo siempre ha sido favorable al aspirante designado por el Ejecutivo, salvo con García Ortiz. En este caso, dio su visto bueno cuando llegó al cargo, pero de cara a su renovación en el mismo le declaró «no idóneo».
El anterior CGPJ –de mayoría conservadora– se opuso a la continuidad de García Ortiz en el puesto basándose en otra sentencia del Tribunal Supremo, la que apreció que había incurrido en «desviación de poder» por ascender a su predecesora inmediata, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal.
En aquella ocasión, el Consejo se apoyó también en lo que entendió como una política de nombramientos discrecionales con la que García Ortiz había favorecido a los miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF); por imponer lo que consideró criterios erróneos, como con la ley del ‘solo sí es sí’; y por su «inactividad» ante las acusaciones de ‘lawfare’ contra los fiscales del ‘procés’.
Este duro dictamen provocó la crítica del sector progresista del CGPJ, al estimar que sus pares conservadores se habían excedido por emitir un informe que no se limitaba a revisar los dos requisitos legales.
Pese a la opinión desfavorable del CGPJ, el proceso de renovación de García Ortiz siguió adelante porque el informe del Consejo para nombrar al fiscal general del Estado es preceptivo pero no vinculante.
El PP ha pedido, con ocasión de la dimisión de García Ortiz, que desde ahora el examen del Consejo sea vinculante, así como que se requieran 20 años de experiencia profesional, algo que el Gobierno, por boca de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha tachado de «ocurrencia».
PUNTO DE PARTIDA
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó el martes en rueda de prensa que la renuncia presentada el pasado lunes por García Ortiz ha servido para iniciar el procedimiento para su relevo.
Bolaños detalló que el proceso arranca con la solicitud del Gobierno al CGPJ para que emita dicho informe, tras lo cual Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que el órgano parlamentario haga su propio examen a la candidata, aunque tampoco es vinculante.
Tras ello, solo quedará que el Rey efectúe el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros, para formalizar la designación de Peramato, que se convertirá en la cuarta fiscal general del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Progresista y experta en la lucha contra la violencia de género, cuenta con el respeto de sus pares por sus 35 años de carrera, si bien algunas voces aprecian en ella una excesiva «carga ideológica» por su vinculación a UPF. Su principal reto será cerrar la brecha interna abierta en los últimos años y recuperar la imagen del Ministerio Público.
