La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que su formación presentará una enmienda a los presupuestos de 2026 para incrementar en 15 millones de euros la partida destinada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Según ha indicado, esto permitiría aumentar de 12 euros a 17 euros la hora, de forma retroactiva desde enero de 2025, las partidas de la Xunta a los ayuntamientos con el objetivo último de que la financiación del SAF se sitúe de forma progresiva en los 20 euros/hora en 2027.

«El objetivo es, tal y como recoge la Ley de Dependencia, que el SAF sea financiado íntegramente por la Xunta y por el Estado, que son los responsables de financiar este servicio y no los ayuntamientos, como está pasando en la actualidad», ha profundizado después de la reunión mantenida en Santiago con alcaldes, alcaldesas y responsables municipales del BNG para abordar las dificultades que tienen los ayuntamientos a la hora de sostener un servicio que ha calificado de «prioritario y básico» para la atención de las personas mayores en sus hogares y que, ha advertido, se encuentra en una situación de «quiebra técnica».

Pontón ha denunciado que el SAF no recibe la financiación necesaria y obligatoria por ley de un Gobierno del PP que descarga esta responsabilidad en los Ayuntamientos, que ya tienen unas finanzas locales muy mermadas. «La situación del SAF es insostenible y lo que no se puede es seguir mirando para otro lado, que parece que es la receta que tiene el Gobierno de Rueda», ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo del PP solo aporta en estos momentos 12 de los 23 euros/hora que costa el servicio, lo que implica que son los municipios los que tienen que aportar todo el resto, cuando «están infrafinanciados» por la Xunta.

«Cada vez que se abordada esta cuestión con el Gobierno del PP, los resultados son promesas, anuncios y propagandas, como que el Ejecutivo de Rueda lleva desde el mes de julio de 2024 prometiendo un incremento en la financiación del SAF, pero la realidad es que esa partida no se incrementa», ha criticado.

«Más bien al contrario», ha remarcado para asegurar que en 2025 el Gobierno del PP «le quitó 17 millones de euros» a la partida destinada a este servicio, un recorte que, según ha indicado, «no es nuevo», dado que en el ejercicio anterior ya le «retiró otros 18,5 millones de euros al SAF, argumentando que los ayuntamientos no piden más horas».

«¿Cómo van a solicitar más horas los ayuntamientos si no tienen capacidad para financiar esas horas? ¿O pretende la Xunta del PP que las trabajadoras del SAF hagan su trabajo gratis?», ha cuestionado Pontón, para reprochar al Ejecutivo de Rueda que intente «una vez más responsabilizar a las administraciones locales».

La líder nacionalista ha señalado que la situación es insostenible para las personas mayores y sus familias y también para las trabajadoras, que prestan en muchos casos el servicio «en unas condiciones precarias y con salarios muy bajos» y que llevan meses manifestándose para reclamar un convenio colectivo justo sin que el Gobierno del PP «ni tan siquiera se digne a recibirlas».

«Al PP le estorba el cuidado de las personas mayores porque lo considera un lastre, en lugar de verlo como lo que es, un derecho fundamental que debe ser garantizado por las Administraciones públicas», ha sintetizado, después de denunciar la estrategia de doble dirección del PP.

Por un lado, la «privatización del modelo de cuidados», de tal modo que la vejez se ve convertida en un negocio. «Y cada vez que la vejez se convierte en un negocio, pasan cosas tan graves como las que estamos viendo en las residencias con ejemplos que todos conocemos», ha advertido en relación a los últimos casos registrados en centros de mayores de Amoeiro, Xinzo de Limia o Monforte.

Por otro lado, ha profundizado, cuando no llega la privatización, el PP «opta por el asistencialismo» o, lo que es lo mismo, «cargar en la espalda de las mujeres, que son las que mayoritariamente se encargan de los cuidados» en el entorno familiar.

Así pues, el resultado de este modo es que la Xunta «deriva más recursos públicos precisamente a concretar plazas en la privada, la concesiones privadas o directamente a bonos», tal y como demuestra el hecho de que casi la mitad del programa de dependencia de los presupuestos va destinado a esta finalidad, en concreto, un total de 403 millones. «El Gobierno de Rueda es una máquina de hacer negocio con los cuidados y muy especialmente con la vejez», ha resumido.

En este contexto y junto al incremento de 15 millones en los fondos del SAF para 2026, Pontón ha defendido también otras dos propuestas en este ámbito de actuación. En lo inmediato, que la Xunta asuma la gestión del SAF, integrándolo en el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, como pasa con la red de escuelas infantiles, con los centros de día o con las residencia que están dentro de este organismo público.

Por último, ha apostado por la creación de un «Sergas social», un Servizo Galego de Benestar equivalente al Sergas, «concebido como una red pública de cuidados». Un servicio, ha explicado, que puede tener como germen precisamente el Consorcio y la Axencia Galega de Servizos Sociais, tal y como fueron concebidas en su momento, cuando el BNG tuvo responsabilidades de Gobierno en la Xunta en esta materia.

Por su parte, el alcalde de San Sadurniño y vicepresidente de la Fegamp, Secundino García, ha acusado a la Xunta de dejar en las manos de los ayuntamientos «solucionar un problema tan acuciante para la ciudadanía como es la atención a las personas dependientes».

García ha señalado que los precios hoy en día de la prestación del servicio tienen una media de 23,24 euros hora y ha recordado que la «inmensa mayoría» de los ayuntamientos gallegos son «pequeños, de menos de 5.000 habitantes, por lo que ese precio se multiplica por la dispersión de la población».

El regidor de San Sadurniño también ha criticado la actitud del Ejecutivo de PP en la mesa de trabajo constituida por la Fegamp para elaborar un protocolo de actuación en el SAF ante posibles casos de violencia, después del asesinado de una trabajadora en O Porriño.

«La Xunta, como en muchos casos, echando balones fuera y, en vez de mandar a esa mesa de trabajo a personas con capacidad de decisión, envía a la jefa de inspección a la gente del ISSGA», ha criticado.

García ha finalizando resumiendo la estrategia del Gobierno de Rueda como muy fácil de explicar: «Ellos ponen a funcionar su maquinaria de propaganda y a echarle los problemas a los ayuntamientos, que son las Administrciones más próximas a los ciudadanos», ha concluido.