El Pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes la ampliación de la vigencia de los convenios de la red de residencias provinciales hasta junio de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la estabilidad en la atención a las personas mayores de la provincia.

La medida, aprobada con los votos favorables del PSdeG y el BNG y la abstención del PP, implica una inversión de más de 5,1 millones de euros destinados a asegurar la continuidad de los nueve centros de la red provincial: Castroverde, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribadeo, Ribas de Sil, Trabada y Meira.

Este tema centró el contenido principal del Pleno de este mes de noviembre siendo el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, quien explicó que esta segunda addenda «permite mantener la estabilidad de los servicios asistenciales y planificar el gasto con previsión, sin modificar las condiciones esenciales acordadas en 2018».

Rivera destacó que este acuerdo da margen para renovar el marco jurídico del modelo provincial de Centros de Atención a Mayores, previsto para el próximo año, sin afectar ni a los usuarios ni a los municipios. «Hablamos de garantizar el funcionamiento de nueve residencias que representan seguridad para las familias, empleo para el rural y, sobre todo, dignidad para las personas mayores», subrayó.

El diputado reprochó la falta de compromiso de la Xunta de Galicia, asegurando que «a pesar de ser la Administración competente, su política de residencias en la provincia de Lugo es inexistente, sin un solo proyecto nuevo en marcha pese al sobreenvejecimiento de la población».

El modelo de residencias de la Diputación de Lugo es 100% público y sin ánimo de lucro, con una apuesta por la atención personalizada y el bienestar de las personas mayores. Según destacó la institución, este sistema no busca rentabilidad económica, sino mejorar la calidad de vida de los usuarios, generando además más de 225 empleos directos y beneficiando a más de 300 vecinos.

MOCIONES DE GOBIERNO

En la misma sesión plenaria, la Diputación de Lugo aprobó una propuesta para instar a la Xunta de Galicia a saldar la deuda de 600 millones de euros que mantiene con los ayuntamientos por asumir competencias impropias.

El presidente de la institución, José Tomé Roca, denunció que la Xunta mantiene «congelado el Fondo de Cooperación Local desde 2010» y lo reparte «con criterios partidistas». Según Tomé, los presupuestos autonómicos de 2026 destinan 187 millones de euros a dicho fondo, lo que «supone apenas 600.000 euros por municipio, «una cifra ridícula» si se compara con los recursos de la Administración gallega, que maneja un presupuesto cien veces superior al de la Diputación».

La portavoz socialista, Pilar García Porto, recordó que la cifra de la deuda fue calculada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) y denunció que los ayuntamientos soportan el coste de servicios que son competencia autonómica, como la ayuda a domicilio o la gratuidad de las escuelas infantiles.

El texto aprobado pide que los Presupuestos de la Xunta para 2026 incrementen el Fondo de Cooperación Local, incluyan partidas específicas para garantizar la prestación de servicios en el medio rural en igualdad con el entorno urbano y se acerquen a los 500 millones de euros que el propio presidente Rueda había estimado como necesarios.

El Pleno provincial también aprobó, por unanimidad, una segunda moción socialista para exigir que la Escuela Universitaria de Enfermería de Lugo mantenga su carácter de centro autonómico en caso de integrarse en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

El presidente Tomé defendió que «la Escuela no puede ser una simple sucursal de otra facultad; tiene la entidad y la capacidad suficientes para mantener su independencia». Por su parte, García Porto añadió que el campus de Lugo «es un pilar de desarrollo y una herramienta de futuro que debe crecer con sentido, no reducirse de forma irreflexiva».

Sobre este particular el PP aseguró que «siempre defenderá la identidad de Enfermería en Lugo, los únicos cuestionan su continuidad son el PSOE y el BNG», dijo, asegurando que la integración de la Escuela en el sistema universitario está consensuada.

Por su parte el diputado provincial del BNG, Daniel García, exigió a la Xunta de Galicia «respuestas claras e inmediatas» ante la falta de información a las explotaciones ganaderas sobre la gestión de la dermatosis nodular, tras las medidas cautelares decretadas por la Consellería do Medio Rural sobre el movimiento de animales.

García criticó que las medidas «llegan con tres semanas de retraso desde la detección del primer foco en el Estado» y que se sigan permitiendo movimientos de animales desde zonas afectadas como Zaragoza o Valencia.

MOCIONES POPULARES

El Grupo Provincial Popular denunció durante la sesión lo que calificó de «falta de coherencia y de igualdad» del Gobierno provincial (PSOE y BNG) tras rechazar la firma de un convenio de colaboración con el Concello de Paradela para financiar obras de pavimentación y mejora de accesos a varios núcleos de población, con un presupuesto de 422.325 euros.

Los populares criticaron especialmente al diputado socialista Iván Castro, que votó a favor del acuerdo en el pleno municipal de Paradela, pero en contra en la Diputación, acusándole de «doble moral».

Además, el PP presentó una moción para incorporar al proyecto de presupuestos provinciales de 2026 las demandas de los 67 ayuntamientos de la provincia, que fue rechazada por PSOE y BNG.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, denunció que el presidente Tomé «sigue instalado en el autoritarismo y el sectarismo, negándose a escuchar a los municipios que no son de su color político».

El grupo popular propuso aumentar en 10 millones de euros el Plan Deputación, al considerar que es el sistema más justo de reparto de fondos, y criticó que el Gobierno provincial «reparta de forma discrecional más de 10,5 millones en convenios con concellos afines».

Entre sus reclamaciones también incluyeron un plan de conservación de carreteras provinciales, la puesta en marcha de centros de atención a mayores ya terminados o pendientes de apertura, y la colaboración económica con los ayuntamientos en servicios básicos como el ciclo del agua, la recogida de animales abandonados y el impulso a los polígonos industriales y sectores productivos.