La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha advertido de que el coste del servicio municipal de recogida de residuos tendrá que pagarse esté aprobada o no la subida de la tasa, que, en su votación inicial, fue tumbada ayer en pleno con los votos en contra del PP y PSOE y la abstención de las concejalas no adscritas.

Además de esta ordenanza fiscal, el ‘no’ del PP y PSOE también evitó la aprobación definitiva de la ordenanza de gestión de residuos, que ya había obtenido un primer visto bueno en abril. La regidora ha recordado este viernes que ambas normativas son, aparte de una «necesidad», una «obligación legal».

Preguntada por esta cuestión en declaraciones a los medios este viernes, Sanmartín ha realizado un «llamamiento a la responsabilidad» a los partidos representados en la corporación municipal, a quienes pide llegar a «acuerdos» y con quienes seguirá dialogando. «Hay mucho en juego», ha esgrimido.

En concreto, en relación a la subida de la tasa, ha advertido: «Independientemente del resultado, vamos a tener que pagar el coste del servicio». Así, ha avisado de que el Ayuntamiento tendrá que «reducir inversiones en otras cuestiones» de no salir adelante.

Otro escenario posible sería el de ser sancionado al incumplir la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de obligatorio cumplimiento desde abril de 2025, que a su vez responde a una directiva europea. Esta fue una advertencia que ya manifestó en el pleno el concejal de Hacienda, Manuel César, mientras se dirigía a los partidos de la oposición: «Serán responsables de las sanciones que el Gobierno va a imponer al Ayuntamiento».

Con la nueva tasa planteada, la tarifa básica seguiría siendo de 6,17 euros, con subidas en cuatro tramos –vinculados al valor catastral–, que van desde 0,80 euros mensuales a los 3,20 euros. Sanmartín ha manifestado que la voluntad de su gobierno era alcanzar la «distribución más justa entre negocios y domicilios».

ACUERDOS «MUY IMPORTANTES»

Por otro lado, quitando hierro al «énfasis» en «elementos negativos», ha recordado que en el pleno de este jueves se llegaron a acuerdos «muy positivos y muy importantes», como la aprobación inicial de una modificación de las ordenanzas reguladoras de ingresos públicos.

Entre otros, esta medida posibilitará aplicar una recarga de entre el 50% y el 150% al cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a viviendas desocupadas que mantengan esa condición durante dos o más años y cuya propiedad sea titular de cuatro o más inmuebles. También incluye bonificaciones para las vivienda de promoción pública, una de las categorías definidas de vivienda protegida.