El Ministerio de Política Territorial ha consultado al Consejo de Estado la conveniencia de presentar hasta tres recursos de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de leyes de Aragón, Canarias y Galicia. En el caso gallego, tiene en el punto de mira varios preceptos de la última ley de medidas fiscales y administrativas, de la que cuestionó la nueva normativa eólica.

Así consta en los asuntos que despachó el Consejo de Estado en Comisión Permanente en la reunión de este 18 de septiembre y a los que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el Ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres ha preguntado por la conveniencia de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón.

En el caso de Canarias, el Gobierno ha preguntado al Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de su ley de Presupuestos de 2025, mientras que en Galicia estudia la posibilidad de acudir al TC por la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a las últimas cuentas de 2025.

De esta manera, el Consejo de Estado ha emitido ya su dictamen, si bien no es público hasta que el consultante, en este caso el Gobierno, decida hacerlo público o bien hasta que se resuelva la cuestión planteada, en esta ocasión ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, los dictámentes no son vinculantes, pero prácticamente el 99% de ellos son secundados por los órganos consultantes.

DISCREPANCIAS MANIFESTADAS EN ABRIL

El Diario Oficial de Galicia publicó en abril que el Gobierno central y la Xunta se iban a sentar para iniciar negociaciones encaminadas a tratar de solventar diferencias sobre dos artículos de la ley gallega de presupuestos para 2025 y siete de la ley de medidas fiscales y administrativas, con los que el Estado ha mostrado discrepancias.

En el caso de la ley de presupuestos, el Gobierno tenía en el foco los artículos 8, relativo a las transferencias de crédito, y el 13, que aborda cuestiones de contratación de personal laboral y el nombramiento de personal funcionario interino en el ámbito de la comunidad, así como sus organismos autónomos y agencias públicas.

Pero, como en ejercicios anteriores, el Ejecutivo estatal también cuestionaba preceptos de la ley de acompañamiento de las cuentas, en artículos relevantes como el 30, mediante el que la Xunta impulsó una nueva regulación del aprovechamiento eólico.

La Xunta transmitió entonces que el Gobierno pretendía que Galicia renunciase «a garantizar que los parques energéticos se traduzcan en beneficios sociales y económicos para las comunidades locales afectadas», si bien recordaba que esta previsión se encuentra en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda mostró entonces su sorpresa por el hecho de que el Gobierno no discutiese medidas en el mismo sentido, pero a su modo de ver «mucho más intervencionistas» que la gallega, en Navarra o Baleares.

Entre las cuestiones en discusión estaría también la repotenciación o la competencia de la Xunta para permitir la implantación de parques fuera de las áreas de desarrollo perimetradas. El Gobierno también considera, según las fuentes consultadas, que la competencia de aplicar las zonas de aceleración renovable es estatal.

VIVIENDA Y DEPENDENCIA

Pero, además, el Ejecutivo central certificó discrepancias también con los artículos 72 y 79 de la misma ley de medidas, que abordan los proyectos de parcelación o reparcelación de suelo, y la reciente modificación de la ley autonómica de vivienda.

Y de los artículos de la ley de acompañamiento número 45, relativo a la modificación de la ley de servicios sociales de 2008, el 48 (que modifica el decreto del reglamento del Consejo Gallego de Economía y Competitividad), el 89 (que toca un apartado de la ley de medidas de 2018), y el 97 (que modifica la ley de empleo público de Galicia de 2015).

En lo que respecta a la normativa de servicios sociales, la Xunta explicó que el Gobierno duda de la legalidad de ligar el grado de discapacidad al de dependencia para agilizar las ayudas.

Al margen de la discrepancia legal, este paso en paralelo (el de acceder a un porcentaje de discapacidad determinado al tener concedido un grado de dependencia) tendrá efectos en la recaudación fiscal estatal, a causa de las deducciones fiscales que corresponderían a quienes vean reconocida esa discapacidad.