El Ministerio Fiscal ha matizado la solicitud de condena del alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSdeG), que inicialmente lo acusaba de prevaricación urbanistica, a una condena por prevaricación urbanistica por omisión, mientras Segane apunta a su predecesor, Xoán Manuel Jiménez Moran, del Partido Popular, como denunciante de los hechos.

«Es una denuncia anónima, pero tiene nombre, el del anterior alcalde de Verin», así lo ha trasladado Gerardo Seoane en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense. En concreto, el alcalde de Verín podría enfrentarse a 6 años de prisión y a su inhabilitación tras ejecutar obras en el entorno protegido de la Iglesia de San Bartolomé, en la localidad de Queirugás, sin la autorización de Patrimonio y sin licencia municipal.

El escrito fiscal incluye la realización de trabajos de demolición, levantamiento de hormigón, excavación de zanjas de para canalizaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público y la ejecución de un muro que «no respeta la posición del original», en un entorno que constituye un «bien inventariado» en el PXOM de Verín de 2012 y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

El abogado de la defensa ha argumentado que «no se ha seguido el procedimiento habitual» en casos similares y ha insistido en que la administración autonómica envió una «solicitud, no una resolución», lo que exime a Seoane de paralizar las obras. «No fue un requerimiento formal que implique ninguna obligación para el alcalde, fue una solicitud», ha explicado en sus conclusiones.

A renglón seguido, la defensa ha recalcado que Seoane «no puede ser acusado» de las obras de «demolición de las viviendas en la zona norte» ni del «levantamiento del muro de la vivienda colindante» que fue ejecutado por un vecino del pueblo, también llamado a declarar. «Disparan y luego apuntan», ha lamentado el abogado defensor.

Asimismo, el dirigente municipal ha incidido en que la demolición de las viviendas de la zona norte se efectuaron antes de su gobierno, «por el anterior alcalde» y mantiene que «es completamente consciente» de lo que ha hecho y de que lo ha hecho «bien».

Seoane insiste en que las obras se promovieron para «velar por la seguridad de los vecinos» en una intervención «menor», «de emergencia» y «no programada», y recalca que llevó a cabo una actuación «completamente legal».

El alcalde de Verín destaca que «no es la primera vez» que ejecuta obras en el municipio y «todas contaron con la autorización de Patrimonio» y añade que «para el que está acostumbrado a trabajar», son obras «menores» y «para el que no», son «mayores».

Por su parte, la Fiscalía mantiene que, como «arquitecto de profesión», Seoane «conoce» los procedimientos para ejecutar este tipo de obras y señala que ha actuado «obviándolos» y «ocultándolo a miembros de su concello», e incide en que es «preceptiva» la «autorización» de Patrimonio para llevarlas a cabo.

La fiscal ha destacado que, más allá de lo que ratifica el alcalde, las obras «no son menores» y se realizaron «a sabiendas de su ilegalidad» e «ignorando la solicitud enviada» por la Consellería de Patrimonio, y añade que, «cuanto menos», debería haber paralizado las obras, pero «las finalizó».

LLAMADOS A TESTIFICAR

Al juicio han sido llamados a testificar, también, los dos policías autonómicos encargados de trasladar la solicitud de paralización de obras emitida por la Consellería de Patrimonio al alcalde, quien la «rechazó» argumentando que «se daba por notificado» tras recibir la solicitud por vía electrónica.

Asimismo, asistieron en calidad de testigo los representantes legales de las empresas que llevaron a cabo las obras, Excave y Emi Álvarez, un arquitécto técnico superior que emitió un informe a petición de fiscalía, el técnico de Patrimonio que visitó las obras y emitió el informe inicial y una arquitecta técnica que, a petitición del alcalde, desarrolló dos proyectos de obra posteriores a su finalización.

De la misma manera, ha testificado un vecino del pueblo, propietario de una finca colindante con el entorno de la Iglesia, que declaró haber llevado a cabo la modificación del muro que se incluye entre las obras ejecutadas «por iniciativa propia».

También Sandra Quintas, que en 2019 era jefa territorial de Cultura y Turismo en Ourense, testificó alegando que «obras de esta magnitud» requieren siempre «autorización de Patrimonio», porque «exceden el simple mantenimiento y conservación del bien».

Acudieron, además, en calidad de testigo la secretaria municipal de Verín hasta el 2023 y el arquitecto del Ayuntamiento desde 2001, que alegaron «no tener conocimiento con anterioridad» de las obras en cuestión ni la existencia de «licencia municipal» que amaparase estas.